La reciente decisión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha generado un fuerte rechazo en el Gobierno de Castilla-La Mancha. La aprobación de una nueva derivación de 180 hectómetros cúbicos de agua hacia el Levante durante los próximos tres meses es vista como una medida perjudicial que podría afectar gravemente los recursos hídricos de la región.
Reacción del Gobierno de Castilla-La Mancha
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha manifestado su desacuerdo, afirmando que este trasvase «dilapida» el «almacén de agua» en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Según Gómez, los 180 hectómetros, que representan el 11 por ciento de la capacidad actual de agua embalsada, no son sostenibles.
Consecuencias de la aprobación del trasvase
Gómez ha señalado que la situación podría llevar a problemas futuros si no hay recursos disponibles, lo que podría resultar en informes desfavorables para inversiones y desarrollos urbanísticos en Castilla-La Mancha. Además, ha recordado que aún quedan pendientes otros 135 hectómetros cúbicos por trasvasar, lo que plantea dudas sobre la capacidad «técnica ni sostenible» para realizar esta acción.
Cuestionamiento al Gobierno de España
La consejera expresó su incredulidad ante la permisividad del Gobierno de España en esta situación, resaltando la falta de medidas de sostenibilidad en el manejo de los recursos hídricos. También acusó al Partido Popular de estar complacido con estas decisiones, lo que ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a sentirse marginado en la toma de decisiones sobre el trasvase.
Acciones legales en mente
Ante este panorama, la consejera Gómez ha reiterado la necesidad de considerar una demanda judicial por el incumplimiento del real decreto relacionado con la planificación hidrológica, que fue presentado en 2023. Aseguró que el Gobierno central está incumpliendo constantemente las normativas establecidas, lo que pone en riesgo el futuro hídrico de la región.