El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha expresado su desacuerdo con el reciente acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos, que busca reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995. Nicolás ha calificado de «feo» que esta ley se haya desarrollado exclusivamente con la participación de los sindicatos.
Críticas al proceso de negociación
Durante una rueda de prensa celebrada en Toledo, donde se realizó un balance de la actividad de Cecam en el último año y se presentaron las líneas de trabajo para el presente, Nicolás comentó: «Me parece tan feo que hagan una ley solo con los sindicatos como igual de feo que la hicieran solo con los empresarios».
Historia de la Ley de Riesgos Laborales
El presidente de Cecam recordó que la Ley de Riesgos Laborales fue aprobada en 1995 mediante un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales. Sin embargo, lamentó que en la actualidad se legisle sobre este asunto dejando a los empresarios “deliberadamente al margen”.
Futuro de la colaboración entre empresarios y Gobierno
Nicolás se cuestionó si se continuará trabajando en conjunto o si los empresarios quedarán excluidos de la toma de decisiones en materia de riesgos laborales. Según su opinión, «no solo no avanzaremos sino que retrocederemos si solo una de las partes es la que va a estar implicada».
Evaluación de la medida
En su evaluación de esta medida, Nicolás no dudó en calificarla con un «cero», considerando que solo ha sido firmada por una de las partes implicadas.
Acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, firmaron el acuerdo para actualizar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales. Este acuerdo se llevó a cabo sin la participación de la patronal, después de que el Ministerio de Trabajo decidiera en noviembre cerrar la mesa tripartita de negociación, tras 20 meses de conversaciones, debido a la actitud «inasumible» de la patronal.