El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha criticado enérgicamente la política de vivienda del equipo de Gobierno en el Casco Histórico. Desde abril de 2025 hasta finales de ese mismo año, se han transformado más de cincuenta viviendas que originalmente estaban destinadas a uso residencial familiar en alojamientos turísticos, lo que, según Fernández, refleja una falta de transparencia en la gestión municipal.
Críticas a la gestión del Gobierno local
Fernández ha señalado que estas conversiones se han llevado a cabo «en la oscuridad de las Juntas de Gobierno, donde solo hay concejales del PP y Vox». Además, ha manifestado su preocupación por el hecho de que muchos locales comerciales en otros barrios también están siendo transformados en alojamientos temporales, lo que cambia la naturaleza de estas áreas y favorece, según él, la única industria que pretende desarrollar el PP y Vox en Toledo.
Engaño en la política de vivienda
El edil ha calificado esta situación como «una evidencia del engaño» del equipo de Gobierno, ya que, mientras intentaban convencer a la ciudadanía de que su política de vivienda atraería más vecinos al Casco Histórico, en realidad estaban concediendo licencias para alquileres estacionales. «Solo generan más población durante los fines de semana y en momentos festivos», ha afirmado Fernández.
Falta de políticas efectivas
Fernández ha destacado que el Gobierno local carece de una política de vivienda sólida, limitándose a «inflar las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda» con informes que, tras casi tres años de gestión, no han resultado en la creación de viviendas reales. También ha criticado que el Ayuntamiento continúe «mirando para otro lado» en su papel de presidente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, permitiendo la creación de «zulo-viviendas» en conventos, cuyas rentas no tendrán límites para el cobro del alquiler, promoviendo así un negocio especulador en colaboración con el Gobierno local.
Adjudicación de viviendas injusta
El concejal de IU ha cuestionado el sistema de adjudicación de las cinco viviendas del Corral de Don Diego, que se realizará mediante un «sorteo puro» entre solicitantes con rentas que oscilan entre los 16.000 y los 63.000 euros. Para Fernández, este método es «totalmente injusto» y desprecia el criterio de necesidad habitacional, permitiendo que las viviendas puedan ser adjudicadas a quienes menos ayudas requieren.
Responsabilidades en el servicio público
Asimismo, ha señalado la «falta de responsabilidades» del Gobierno de PP y Vox como prestador de servicios públicos en urbanizaciones periféricas como Montesión, San Bernardo o El Beato. En algunas de estas áreas, como El Beato, no se están prestando servicios públicos, a pesar de que los residentes deben pagar el IBI, lo que incluye la falta de limpieza de calles y la recolección de basura.
Conclusiones de Txema Fernández
Fernández concluye que el gobierno municipal ha tomado partido al considerar que la vivienda es un derecho accesible solo para quienes pueden pagarlo. «Las administraciones deberían priorizar criterios sociales sobre los beneficios de empresas o instituciones privadas», ha afirmado el concejal, evidenciando la necesidad de un enfoque más humano en la política de vivienda.