En una sociedad marcada por el miedo a la muerte, la reflexión sobre este inevitable acto final se vuelve esencial. Este mensaje fue compartido por la tesorera de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla-La Mancha, quien solicitó a la Administración autonómica un mayor compromiso para difundir este derecho fundamental.
Presentación de la asociación en Toledo
La tesorera, Castillo, realizó esta petición el pasado miércoles en Toledo, donde se llevó a cabo la presentación oficial de la asociación, que se constituyó en noviembre del año anterior. Su objetivo es «promover una cultura de la muerte digna, para que la buena muerte sea un valor social».
Castilla-La Mancha y las voluntades anticipadas
Durante la rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por la presidenta regional, Blanca Calvo, se destacó que Castilla-La Mancha ocupa una de las últimas posiciones en cuanto al número de solicitudes de voluntades anticipadas o testamento vital. Este documento permite a las personas expresar sus deseos sobre los cuidados sanitarios que recibirán en el futuro, y debe ser formalizado ante un funcionario, notario o tres testigos para su inscripción en el Registro Autonómico.
Bajos números de solicitudes en la región
La situación es alarmante, ya que solamente el 5,93 de cada 1.000 habitantes en la comunidad han solicitado la Declaración de Voluntades Anticipadas, en comparación con regiones como Navarra, donde la cifra asciende a 32,50 por mil, o el País Vasco, con 27,72 por mil.
Hasta el 30 de junio de 2025, un total de 13.505 personas en la región han formalizado esta solicitud, desglosadas en 4.587 hombres y 7.864 mujeres. Las cifras por provincias son las siguientes: 3.571 en Albacete, 3.323 en Ciudad Real, 3.224 en Toledo, 2.134 en Guadalajara y 1.253 en Cuenca.
Analizando por grupos de edad, 309 personas entre 18 y 30 años han solicitado este documento; entre 31 y 50 años, 2.042; entre 51 y 65 años, 4.574; y finalmente, a partir de los 65 años, un total de 5.528.
La importancia de planificar el final de la vida
La tesorera ha señalado que en la región existen 76 puntos de información y registro donde se puede oficializar este documento, animando a los castellanomanchegos a definir «su último viaje».
«Si estuviéramos en coma o tuviéramos problemas cognitivos, no podríamos solicitar la eutanasia si no lo hemos solicitado previamente en nuestro documento de voluntades anticipadas. Para tener una muerte digna, hay que pensarla. Es fundamental hacer uso de nuestros derechos y dejar por escrito nuestra voluntad», enfatizó Castillo.
Por ello, reclamó a la Administración que intensifique sus esfuerzos para que la ciudadanía conozca mejor este derecho, asegurando que la asociación está comprometida en esta labor de sensibilización.
Datos sobre la eutanasia en Castilla-La Mancha
Por su parte, Blanca Calvo, presidenta de la asociación, informó que Muerte Digna cuenta actualmente con 113 socios en la región, distribuidos en Cuenca (10), Albacete (15), Ciudad Real (23), Toledo (30) y Guadalajara (35). La asociación se constituyó para tener una mayor representación ante las autoridades sanitarias y para brindar apoyo directo a aquellas personas que enfrentan dificultades al registrar su declaración de voluntades anticipadas o gestionar su petición de eutanasia.
Calvo adelantó que, en breve, la asociación habilitará un número de teléfono (699-545-545) para ofrecer un servicio más personalizado a los ciudadanos.
Estadísticas de eutanasia desde 2021
En cuanto a la eutanasia, entre 2021 y 2023 se han llevado a cabo 19 de las 28 solicitudes recibidas. En el año de la aprobación de la ley (2021), solo se solicitaron dos. En 2022, las solicitudes ascendieron a 19, de las cuales se ejecutaron siete, mientras que en 2023 se registraron 28 solicitudes, con nueve ejecuciones.
Calvo también hizo un llamado a agilizar los plazos de respuesta y criticó tanto al Ministerio como a los gobiernos regionales por la demora en la publicación de datos. «No puede ser que estemos acabando 2025 y muchas comunidades autónomas no hayan presentado su memoria», señaló.
Además, solicitó la creación de un registro de objetores y que la administración compense al personal sanitario que realice eutanasias, puesto que esto incrementa su carga de trabajo. También demandó cambios legislativos que eviten la judicialización de la eutanasia, citando casos recientes en Cataluña que afectan a personas que buscan un final digno para su vida.