El Ayuntamiento de Toledo deberá abonar 143.513,92 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) después de que una sentencia firme haya considerado probados los impagos de derechos de autor acumulados entre 2017 y 2021. Así lo explicó este martes el concejal de Hacienda y portavoz municipal, Juan José Alcalde, durante la Comisión de Cultura, Patrimonio y Hacienda.
Una “negligencia” heredada, según el actual Ejecutivo
Alcalde recordó que en 2017 el entonces equipo de gobierno socialista decidió “no satisfacer las tarifas establecidas” por la SGAE para eventos culturales municipales como las fiestas del Corpus, las Feria y Fiestas de agosto o el macroespectáculo lumínico ‘Lux Toledo’, promovido por Acciona. La decisión derivó en una demanda de la entidad de gestión que hoy obliga al Consistorio a desembolsar la suma principal, más costas judiciales superiores a 30.000 euros, con cargo al remanente de tesorería.
Llamamiento a la responsabilidad política
El edil popular calificó la situación de “negligencia clara” y reclamó al PSOE una explicación pública: “Los toledanos merecen saber por qué se ignoraron las obligaciones legales cuando se trataba de proteger la propiedad intelectual de artistas y creadores”. Según el fallo, si Acciona no asumiera el pago correspondiente a ‘Lux Toledo’, el Ayuntamiento lo haría de forma subsidiaria, lo que —añadió— “evidencia la absoluta falta de responsabilidad del anterior Ejecutivo”.
Modificación de crédito extraordinaria
Para hacer frente al dictamen judicial, la comisión aprobó una modificación de crédito extraordinaria, figura contable que habilita fondos del remanente municipal sin comprometer otras partidas presupuestarias corrientes. El expediente pasará ahora por Pleno para su ratificación, paso previo a la transferencia definitiva de fondos a la SGAE.
Impacto económico y reputacional
Con esta operación, la administración local liquida una deuda que se arrastraba desde hace más de un lustro y evita intereses adicionales. No obstante, Alcalde subrayó que el coste va “directamente a la factura que pagan todos los ciudadanos”, a la vez que dejó entrever posibles medidas internas para depurar responsabilidades técnicas y políticas.
La resolución judicial, que ya es firme y no admite recurso, cierra un capítulo controvertido en la gestión cultural de la capital castellanomanchega y pone el foco en la importancia de cumplir las normativas de derechos de autor para evitar sanciones futuras.