Efectivos de la Patrulla de la Comandancia del Seprona de la Guardia Civil de Toledo ha llevado a cabo la operación ‘Pastorow’, donde se ha investigado a un total de cinco personas y dos asociaciones de ayuda, promoción y desarrollo personal ubicadas en la comarca de la Sisla en Toledo, por la supuesta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente y otro delito contra los derechos de los trabajadores.
Los hechos se llevaron a cabo en cuatro naves propiedad de las asociaciones investigadas, al gestionar las placas de fibrocemento de la techumbre que habían colapsado con ocasión de la borrasca ‘Filomena’, manipulando estos peligrosos residuos y procediendo posteriormente a su enterramiento parcial en el mismo terreno a través de oquedades excavadas en la tierra, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.
El alto coste económico que supone la correcta gestión de los residuos de amianto, cuya peligrosidad para la salud de las personas y el medio ambiente requiere del empleo de complejos medios técnicos y personal especializado, hacen que surja la picaresca de gestionar este tipo de residuos como sí de material inerte se tratara.
De la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil durante cuatro meses se ha llegado a comprobar que las personas que realizaron tanto el tratamiento y gestión de este peligroso residuo como el enterramiento carecían de cualquier tipo de equipo de protección individual.
Igualmente, en las inspecciones llevadas a cabo en el interior de las instalaciones por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se pudo constatar la presencia de grandes cantidades de residuos que contenían amianto, presentando un altísimo grado de fragmentación, lo que los hace especialmente peligrosos al aumentar el riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente, y dejarlas en disposición de ser dispersadas por los agentes meteorológicos.
La inhalación de fibras de amianto hace que las mismas puedan quedar depositadas en los alveolos pulmonares de manera permanente, pudiendo llegar a provocar graves enfermedades al ser humano, como son la asbestosis pulmonar, cáncer de pulmón o mesoteliomas.
Debido a estos efectos nocivos sobre la salud de las personas, en España su utilización y comercialización quedó prohibida con la publicación de la Orden de 7 de diciembre de 2001 y su retirada solo puede llevarse a cabo a través de empresas autorizadas, que deben de cumplir unas estrictas normas de seguridad.
Los hechos investigados, junto a las diligencias policiales e investigados, han sido entregados en el Juzgado de Guardia para su instrucción en vía penal, por la comisión de varios ilícitos contra los recursos naturales y los derechos de los trabajadores.