La gestión de menores no acompañados por parte de las comunidades autónomas ha sido uno de los puntos que este miércoles han abordado en Toledo los presidentes de Castila-La Mancha y de Canarias, Emiliano García-Page, y Fernando Clavijo.

Mientras que el presidente canario ha reconocido la posición de Castilla-La Mancha en todo momento para cumplir los acuerdos en esta materia que se han abordado en las conferencias sectoriales, García-Page ha continuado remarcando su compromiso de seguir ayudando en este ámbito cumpliendo la ley.

A preguntas de los medios en rueda de prensa para firmar un convenio en materia de datos estadísticos, Clavijo ha reconocido la posición de acuerdo de Castilla-La Mancha, en detrimento de otras comunidades, ya que «muy pocas» aceptaron estos acuerdos.

«Esto al final se ha contaminado políticamente, saben que ha costado la estructura de gobiernos autonómicas precisamente por esas posiciones xenófobas y racistas, en este caso de Vox», ha afeado.

El presidente canario ha señalado que «el Estado, es quien desde el minuto cero tenía que haber asumido, con el artículo 2 de la Constitución, esa coordinación como lo ha asumido en otras circunstancias, cuando hablamos de Ucrania o Afganistán», poniéndose al frente de esta emergencia.

C-LM CUMPLIRÁ CON LA LEY

Por su lado, García-Page ha garantizado que van a cumplir con la ley, le guste o no a su gobierno, y a ayudar, mostrando su voluntad de seguir acordando, incluso si las cifras de acogida se amplían para Castilla-La Mancha.

A su juicio, si hubieran dejado a las autonomías, y el Estado se limitara simplemente a financiar en la misma proporción que lo ha hecho antes, estas habrían llegado a un acuerdo, «seguro».

«El problema es que al final pasaron por la taquilla de Puigdemont que impuso que algunas comunidades autónomas no iban a recibir», ha criticado.

No obstante, ha mostrado la disposición de Castilla-La Mancha de ser «muy solidarios, muy respetuosos», y de cumplir la ley, aunque sea «espúrea» y ha recordado que no hubiera dado el paso de recurrir al Constitucional «si Puigdemont no hubiera metido mano para literalmente excluir a algunas autonomías».

Para además, ha afirmado, «establecer un sistema de financiación en el que se imponen gastos a las autonomías sin que haya presupuesto que lo financie». «Eso, literalmente, es muy grave. Vulnera muchísima legislación de financiación de las autonomías y vulnera principios elementales de la eficiencia en los servicios públicos», ha rematado.