InicioToledoUn funcionario, a juicio en Toledo por cobrar 6.800 euros

Un funcionario, a juicio en Toledo por cobrar 6.800 euros

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El juicio por estafa en Toledo contra un funcionario interino acusado de cobrar dinero a cambio de permisos penitenciarios se celebra este martes, 13 de octubre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El Ministerio Fiscal solicita para él tres años y medio de prisión.

El procesado, identificado como C.M.P. y sin antecedentes penales, trabajó en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Castilla-La Mancha, con sede en Ocaña, entre el 29 de julio de 2011 y el 9 de diciembre de 2014. La acusación sitúa los hechos entre marzo y diciembre de 2014.

El juicio por estafa en Toledo parte de una acusación por falsas promesas

Según el escrito fiscal, el acusado aprovechó su acceso a los expedientes relacionados con permisos de salida, clasificaciones de grado y libertades condicionales de internos de los centros penitenciarios de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca.

La Fiscalía sostiene que hizo creer a F.E.G. que podía conseguir para su pareja, C.R., interno en Ocaña I, entrevistas con la jueza de Vigilancia Penitenciaria, permisos de salida e incluso la libertad condicional. Para respaldar ese relato habría utilizado distintas identidades y habría asegurado que trabajaba con un bufete de abogados.

La denunciante entregó el dinero mediante ingresos en la cuenta del hijo del acusado y pagos en efectivo. El escrito recoge 7 ingresos y cifra en 6.800 euros la cantidad presuntamente obtenida. También menciona un documento que anunciaba una supuesta salida de prisión y un modelo de declaración de acogida.

La petición de la Fiscalía

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal reclama nueve meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, el pago de las costas y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público. También solicita que indemnice a F.E.G. con 6.800 euros.

Entre la documentación incorporada al procedimiento figura un modelo de contrato de préstamo, entregado a la denunciante, en el que el acusado reconocía adeudarle 2.000 euros.

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