El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a rechazar los «privilegios fiscales» y ha exigido la igualdad en el sistema de financiación autonómica. Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el acto de inauguración de la IX reunión académico-científica de la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario que este año se ha celebrado en Toledo.
En su discurso, Ruiz Molina ha reivindicado la necesidad de garantizar un sistema tributario justo, basado en la igualdad y la progresividad, frente a propuestas y acuerdos que ponen en peligro los principios constitucionales esenciales. Y ha abordado varias cuestiones de plena actualidad, como son la aplicación efectiva del artículo 31,1 de la Constitución o la petición de una ley estatal que garantice la armonización fiscal.
Con respecto a la propuesta de financiación singular para Cataluña, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha recordado que el presidente Emiliano García-Page «siempre ha sido muy claro» con este tema manifestando un rechazo absoluto, porque «supone trastocar uno de los principios fundamentales, que no es sólo el de solidaridad, sino también el de igualdad», al aceptar un trato de privilegio fiscal hacia una comunidad autónoma en detrimento y a costa de las finanzas del resto, algo que nunca podrá ser la piedra angular de la reforma del actual sistema de financiación autonómica.
Además, ha añadido, que para Castilla-La Mancha, este nuevo modelo de financiación debe «garantizar el que todos tengamos acceso a un mismo nivel de servicios públicos en términos de calidad, independientemente de donde residan y de su capacidad económica». Un principio que como ha recordado no sólo se recoge en el artículo 31 de la Constitución, sino también en el artículo 14, el 139.1 y el 138.2, según ha informado la Junta en nota de prensa.
En la misma línea, Ruiz Molina ha denunciado el criterio del Gobierno central para el reparto del impuesto a la banca según el PIB regional, por el que se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, al considerarlo «anómalo», ya que en ningún otro lugar del mundo se distribuye atendiendo a la mayor riqueza de quien lo recibe.
Y es que se dota de más capacidad económica a quienes más tienen, en detrimento de las regiones que menos tienen, «acentuando con ello las diferencias entre comunidades autónomas más desarrolladas y las que menos», y por lo tanto afecta «al principio de igualdad y al de solidaridad», ha indicado.
En otro orden de cosas, durante su discurso de inauguración Ruiz Molina ha reclamado de nuevo una ley estatal que garantice la armonización fiscal para evitar la «competencia fiscal desleal» entre las regiones. En este sentido, y en cuanto a los tributos cedidos que se gestionan por las comunidades autónomas y respecto a los cuales se tienen competencias normativas, ha defendido que este impuesto sea el mismo en todo el territorio nacional.
Así, ha abogado por establecer unos «tipos mínimos» para no vulnerar el sistema tributario general del que nos hemos dotado en el país; y, eso, hay que hacerlo compatible con los «principios de autonomía financiera y de corresponsabilidad fiscal».
Asimismo, el consejero se ha mostrado crítico con las bajadas generalizadas de impuestos propuestas desde sectores políticos, ya que «pone en cuestión el principio de progresividad fiscal que ampara nuestra Constitución». Por un lado, porque los que menos renta tienen salen perjudicados por partida doble, no se benefician de los recortes fiscales y sufren recortes de los servicios públicos fundamentales; y por otro, porque envía un mensaje engañoso de que cada cual debe valerse por sí mismo.
En el acto de inauguración, el consejero ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Alicia Valmaña y el presidente de la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario, Miguel Ángel Collado.