En medio de la creciente controversia sobre la regulación de los servicios de transporte, la plataforma Bolt ha expresado su preocupación por las recientes inmovilizaciones de vehículos con licencia VTC en Toledo. La compañía, que opera en la ciudad desde agosto de 2024, considera que estas acciones de la Policía Local son ilegales, argumentando que el Ayuntamiento no tiene competencias para restringir este tipo de servicios en trayectos urbanos.
Bolt defiende su cumplimiento legal
En un comunicado, Bolt enfatiza que sus operaciones en Toledo se llevan a cabo «con total cumplimiento de la legislación vigente». La empresa sostiene que las intervenciones de la Policía Local representan «un grave perjuicio» tanto para los ciudadanos como para los conductores profesionales, afectando el derecho a una movilidad moderna y libre.
La necesidad de actualizar la normativa
La compañía subraya la urgencia de que la región revise y actualice su normativa para establecer reglas claras que beneficien a los ciudadanos y a los profesionales del transporte. «Los ciudadanos y usuarios de Toledo no merecen ser tratados como ciudadanos de tercera. En un contexto donde la mayoría de los mercados apuestan por la innovación, corresponde a Toledo y Castilla-La Mancha decidir si seguirán las normas y la jurisprudencia de la Unión Europea», afirmó Daniel Georges, director de Bolt en España.
Reacciones desde el sector VTC
Por su parte, la asociación MOVEA, que representa al sector VTC en España, ha anunciado su intención de recurrir legalmente las multas e inmovilizaciones, alegando que no están respaldadas por ninguna normativa aplicable. La asociación también denuncia «prácticas graves» durante las inspecciones, que podrían tener repercusiones legales.
Denuncias de prácticas ilegales
«Además de las inmovilizaciones que no son conformes a derecho, tenemos pruebas de otras actuaciones ilegales: los agentes obligan a los viajeros a abandonar el vehículo y tomar un taxi, y retiran los teléfonos móviles tanto a conductores como a usuarios sin ningún tipo de consentimiento. Las VTC no descartan emprender acciones legales contra representantes públicos por la comisión de posibles delitos», concluyeron desde MOVEA.