El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado diez alegaciones contra el futuro real decreto estatal sobre centros de datos por considerar que puede complicar proyectos como Meta en Talavera de la Reina. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha advertido de que el borrador «le cambia las reglas del juego» a este tipo de iniciativas.
Entre las condiciones previstas figura que estos centros cubran con energía renovable el 80% de su consumo y que acrediten que esa electricidad se genera en el mismo momento en que se utiliza. Si las empresas no logran demostrarlo, podrían perder los permisos.
Castilla-La Mancha cuestiona el alcance del decreto
Padilla ha explicado que el texto plantea exigencias para Meta y para otros proyectos. «Les pide unas exigencias a este y a otros proyectos. Por ejemplo, que el consumo energético que deben tener tiene que ser un 80% de energía renovable», ha señalado en rueda de prensa.
Las alegaciones también cuestionan el rango jurídico y la proporcionalidad de las medidas. Según el Gobierno regional, el borrador contempla recargos de hasta el 500%, la pérdida de permisos de acceso y conexión y la caducidad de autorizaciones que ya hayan sido concedidas.
La Junta sostiene que esas decisiones necesitan una cobertura legal suficiente y no deberían quedar reguladas por completo mediante una norma reglamentaria. Por ello, plantea que el contenido se tramite como proposición de ley o mediante una modificación de la legislación vigente.
Petición de un periodo transitorio para los proyectos
Otro bloque de propuestas reclama proteger las iniciativas que ya se encuentran en marcha. El Ejecutivo autonómico pide un periodo transitorio flexible, adaptado al grado de avance de cada proyecto, y garantías para las inversiones cuya tramitación esté suficientemente acreditada.
La Junta también plantea una aplicación progresiva de los criterios de eficiencia energética y del consumo renovable. Su propuesta vincula el calendario de esas exigencias a la capacidad real de las redes y al despliegue de nueva generación, sin rebajar los estándares ambientales ni crear una excepción específica para Castilla-La Mancha.
«Proponemos una implantación progresiva de esas exigencias también de consumo renovable, acompasada a la capacidad efectiva de las redes y del despliegue de la nueva generación», ha afirmado Padilla. La portavoz ha reclamado que el decreto sea «una norma exigente, segura y territorialmente justa».