El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este viernes por unanimidad la declaración de extinción del Programa de Actuación Urbanizadora, en régimen de gestión directa, de la Actuación Torrehierro 2ª fase del Plan de Ordenación Municipal de Talavera de la Reina.
El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García Barroso, ha precisado que se trata de «un paso decisivo para la implantación en el futuro de la empresa Meta que es una de nuestras prioridades como cualquier otro tipo de inversión que venga a la ciudad y que genere riqueza y puestos de trabajo».
En ese sentido, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ha dejado claro que en el actual equipo de Gobierno tienen «el propósito firme de facilitar y de eliminar todo tipo de inconvenientes que pudieran desacelerar la instalación de este proyecto, porque nos urge que venga y cuanto antes mejor».
El portavoz del PSOE, Luis Enrique Hidalgo, ha destacado, de su lado, que se trata de una actuación que proviene del Gobierno de Tita García y «pone en valor todos los proyectos que se han realizado desde 2019 hasta 2023, así como otros que aún se están ejecutando y otros que se llevarán a cabo en breve».
De este modo, se ha referido a obras como la antigua clínica de La Milagrosa o el Centro Social de Castilla-La Mancha, que ya se están ejecutando; u otras como la restauración de la azulejería de la Basílica de El Prado, que comenzará en breve. «Este es el importante legado que Tita García ha dejado en Talavera; más de 80 millones de euros en inversiones y proyectos gracias al trabajo realizado durante la anterior legislatura», ha indicado, según ha explicado el PSOE en nota de prensa.
Por otra parte, el Pleno ha tomado conocimiento del informe sobre ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2023 que se remitirá al Tribunal de Cuentas.
Además, se ha aprobado inicialmente la modificación de créditos número 15-2023. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, con lo votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE.
Se trata de redistribuir créditos que son necesarios para abordar el segundo semestre y para finalizar adecuadamente el pago obligaciones y compromisos «no sólo que ya pueden existir, sino que podemos contraer en los próximos meses». Es una actuación necesaria que todos los gobiernos municipales suelen hacer a la altura de este ejercicio.
García Barroso ha dejado claro a la oposición socialista que la situación del Ayuntamiento es de un déficit presupuestario de casi 4 millones de euros. «Vivimos de los préstamos bancarios» y tenemos un volumen de endeudamiento de más de 31 millones», por tanto, la liquidez que tiene el Consistorio deriva de los préstamos de los bancos, «pero eso no significa que la situación del Ayuntamiento sea boyante».
En ese sentido, ha explicado que debido a los préstamos, el Ayuntamiento puede hacer frente a las obligaciones de gasto corriente, «pero eso no desdice que existe una situación de déficit presupuestario de casi cuatro millones», por lo que no hay «equilibrio financiero ni presupuestario».
«Algo que contrasta con lo que se encontraron los socialistas al entrar al gobierno en la legislatura 2019-2023, ya que el anterior equipo dejó unas cuentas que tenían equilibrio presupuestario» con un superávit de 70.000 euros, ha destacado.
ESTRUCTURA MUNICIPAL
Por otra parte, el Pleno ha tomado conocimiento de la resolución de la Alcaldía-Presidencia de modificación de la Resolución 2023-3492 de aprobación de la creación de la estructura de Gobierno municipal, áreas, concejalías y concejales delegados, rectificada por Resolución de Alcaldía-Presidencia, de tal manera que la Concejalía de Discapacidad pasa a Julia González y la de Educación a Josefina Blázquez.
También el Pleno ha tomado conocimiento de la resolución de Alcaldía-Presidencia relativa a la modificación de la composición de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
El área de Participación Ciudadana, Turismo, Sanidad, Educación y Asuntos Sociales que recaía en Gelen Delgado ha pasado a Julia Gónzalez, y se han modificado los miembros de la Junta de Gobierno Local, de tal manera que ahora Julia González pasa a la Junta de Gobierno sustituyendo a Gelen Delgado.
La Junta de Gobierno Local se compone ahora de los siguientes concejales bajo la presidencia del alcalde, José Julián Gregorio, David Moreno, Jesús García Barroso, María Pilar Guerrero, Benedicto García, Javier Muñoz-Gallego, Julia González, Enrique Etayo y Josefina Blázquez.
TOTAL TRANSPARENCIA
Finalmente, se ha aprobado por unanimidad la moción del PSOE para que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox se cuelgue en la web del Ayuntamiento, así como que explique su posición frente a temas como el trasvase, la violencia de género o el colectivo LGTBI.
El portavoz del PSOE ha recordado que «tras las elecciones PP y Vox mostraron que firmaron un documento en el que habían llegado a un acuerdo para gobernar en Talavera, pero no sabemos nada más que el reparto de concejalías», ha destacado, según ha informado el PSOE en nota de prensa.
«No sabemos cuál es su posición en temas tan importantes como mujeres o violencia de género; sobre el agua ya que Vox votó en contra del fin del trasvase durante la pasada legislatura cuando hay que recortar que en 2009 más de 40.000 talaveranos salieron a la calle para manifestarse en contra del trasvase», ha añadido Hidalgo.
El Consistorio ha explicado que esto se hará tras la aprobación del Pleno, cumpliendo con el compromiso adquirido este viernes y en aras a la transparencia del actual equipo de Gobierno.
García Barroso ha dejado claro que se trata de un pacto de legislatura «eminentemente técnico» donde se sientan las bases de actuación y de gestión «que este Gobierno tiene como propiedades a la hora de trabajar» y vinculadas a líneas de trabajo.
Ha remarcado que «no contiene ningún tipo de contenido ideológico» es un documento donde se establecen las prioridades de actuación a nivel de infraestructuras, de concejalías, de la estructura del Gobierno o las prioridades en materia de gestión respecto a contratos o concesiones.
«En modo alguno, este pacto que es eminente técnico ni afecta y ni afectará como no podía ser de otra manera, a la defensa de los principios básicos recogidos en la Constitución Española, de igualdad, de lucha contra la violencia de cualquier tipo de género y por supuesto de defensa de la familia y de la infancia».