La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto de manifiesto un nuevo caso de violencia en el Centro Penitenciario de Ocaña II, donde un recluso agredió a un funcionario durante un incidente ocurrido el pasado 11 de mayo.

Detalles del incidente en Ocaña II

Los hechos se desarrollaron entre las ocho y las nueve de la mañana, durante el recuento de los internos del módulo 3. En ese momento, un recluso mostró una actitud desafiante y violenta al funcionario que le pidió que encendiese la luz para poder verlo. La situación escaló de manera peligrosa cuando el interno se volvió agresivo al bajar al patio.

Agresión y reacción del sindicato

En el patio, el recluso comenzó a gritar y a golpearse el labio, tratando de hacer parecer que había sido el funcionario quien le causó la herida. Además, incitó a otros dos internos a atacar al trabajador. Durante el incidente, se produjo un forcejeo que terminó con el funcionario en el suelo. Afortunadamente, la rápida intervención de otros compañeros evitó que la situación tuviese consecuencias más graves, y los tres reclusos involucrados fueron trasladados al módulo de aislamiento.

Preocupaciones del CSIF

El sindicato ha expresado su preocupación por la creciente violencia y el riesgo que enfrentan los funcionarios en su labor diaria. Raúl Lirio, delegado de CSIF en Ocaña II, destacó que el funcionario afectado se vio sometido a «una situación de tensión, intimidación y riesgo físico». A pesar de la extrema tensión, los trabajadores penitenciarios actuaron con «profesionalidad, contención y proporcionalidad», manteniendo el control de la situación.

Demandas de CSIF

CSIF lamenta la pérdida de autoridad y protección jurídica que sufren los empleados públicos en el ámbito penitenciario. Consideran que muchas de estas conductas violentas podrían disminuir si se reconociera a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, lo que les otorgaría una mayor protección y reforzaría el principio de autoridad en los centros penitenciarios.

Por todo ello, el sindicato ha solicitado formalmente el traslado de los internos responsables a centros penitenciarios que cuenten con mejores recursos para el control y tratamiento de internos conflictivos. Asimismo, reclaman más medios y formación para el colectivo, así como la modernización de la ley penitenciaria y de los medios coercitivos necesarios para garantizar la seguridad y el adecuado desempeño de los funcionarios en su labor.