La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, defendió este martes que la presión fiscal en Castilla-La Mancha permanece congelada desde 2015. Lo hizo durante una rueda de prensa celebrada en la sede regional del partido, donde vinculó esta política al acuerdo alcanzado con los agentes sociales.
García Élez contrapuso esa gestión al papel del PP regional, al que acusó de carecer de una hoja de ruta y de centrarse en la confrontación. También sostuvo que el Gobierno de Emiliano García-Page ha cumplido o tiene en desarrollo el 97 % de los objetivos incluidos en el programa electoral y en los compromisos adquiridos durante los Debates del Estado de la Región.
La presión fiscal y el acuerdo con los agentes sociales
La dirigente socialista defendió el modelo de negociación del Ejecutivo autonómico con sindicatos y empresarios. Según explicó, esa congelación fiscal se ha mantenido pese al incremento general de los precios.
En su intervención, repasó medidas relacionadas con los servicios públicos y las políticas sociales. Citó la sanidad, la vivienda, la dependencia, el transporte sensible a la demanda, las deducciones fiscales para jóvenes y las infraestructuras. También puso como ejemplos la gratuidad de la primera matrícula universitaria y el plan de climatización de los colegios.
Un 9 % más en las exportaciones hasta julio
García Élez añadió que los indicadores económicos conocidos en las últimas semanas reflejan, a su juicio, la evolución positiva de Castilla-La Mancha. Entre ellos mencionó el índice de confianza empresarial, que —según afirmó— sitúa a la región como la primera en la que los empresarios quieren instalar sus negocios.
La responsable socialista señaló también que las exportaciones crecieron un 9 % hasta julio, dato conocido este mismo martes. Frente a ello, acusó al presidente regional del PP, Paco Núñez, de actuar bajo las directrices de Génova y de mantener una estrategia basada en el ruido y la confrontación.
García Élez resumió la posición del PSOE al afirmar que «la presión fiscal está congelada y pactada» con los agentes sociales desde 2015, según sus palabras durante la comparecencia.