El Consejo de Ministros en funciones ha aprobado este lunes la declaración de zonas gravemente afectadas por algunos incendios del final del verano y por las DANAS de principios de septiembre en nueve comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, por los daños sufridos en estos territorios, donde fallecieron ocho personas.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha precisado que las comunidades afectadas por estas emergencias son Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Isla Baleares, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.
Además, ha trasladado el acompañamiento y pésame del Gobierno a las familias de los fallecidos y a los afectados por estos acontecimientos que han dejado numerosos daños.
«Lamentablemente a lo largo de la legislatura han sido muchos los expedientes que hemos traído de estas características, que de lo que se trata es de completar la competencia de las comunidades autónomas acompañando desde el gobierno con estas ayudas a las personas, a las empresas y a los ayuntamientos que han tenido estos daños», ha señalado.
Así, ha precisado que las ayudas por protección civil se destinan a paliar los daños personales y materiales, en viviendas, enseres, establecimientos industriales, mercantiles o de servicio.
Rodríguez ha lamentado que también son «especialmente relevantes» los daños provocados por los incendios y las DANAS a la agricultura, aunque ha recordado que las ayudas en ese ámbito se gestionan a través del Ministerio de Agricultura con los seguros agrarios.
Las ayudas aprobadas este lunes comprenden asimismo ayudas directas a personas físicas o jurídicas que han realizado acciones personales o de bienes durante las propias catástrofes y a las corporaciones locales para la recuperación de los espacios municipales que se han perdido como consecuencia de estos incidentes.
Rodríguez ha asegurado que el Gobierno ha actuado «con agilidad» que es una «seña de identidad» de la pasada legislatura, en la que ha subrayado que se han reducido los tiempos de respuesta en este tipo de acontecimientos.