El Ayuntamiento de Pepino ha comunicado que la Fiscalía de Toledo ha abierto diligencias de investigación después de la denuncia presentada por el actual equipo de Gobierno contra la anterior gestión municipal por posibles delitos de corrupción. El Consistorio afirma que la Fiscalía Provincial también ha informado de la presentación de una denuncia ante los tribunales de Talavera de la Reina.
La denuncia se registró el 6 de marzo de 2026 ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Según el Ayuntamiento, el escrito se elaboró tras revisar durante meses la documentación conservada en los archivos municipales y detectar posibles irregularidades vinculadas al mandato anterior.
La Fiscalía de Toledo recibe las actuaciones sobre Pepino
La Fiscalía Especial acordó trasladar el expediente a la Fiscalía Provincial de Toledo. El Consistorio sostiene que, durante el análisis de la documentación, aparecieron nuevas actuaciones que considera presuntamente irregulares y relacionadas con la anterior gestión municipal.
El Gobierno local interpreta la actuación de la Fiscalía como una confirmación de la relevancia de los hechos incluidos en su denuncia. En su comunicado, atribuye a la gestión investigada posibles conductas contra la Administración Pública y afirma que pudieron producir un perjuicio económico para las arcas municipales.
El Ayuntamiento también menciona una posible actuación coordinada con otras personas y empresas, aunque todas estas acusaciones forman parte de la denuncia y deberán ser examinadas en el procedimiento correspondiente.
El origen político de la denuncia
Ignacio Díaz accedió a la Alcaldía de Pepino en octubre de 2025, después de prosperar una moción de censura contra Inocencio Gil. La iniciativa contó con el respaldo de los concejales del PSOE y de Vox.
Díaz, antiguo concejal del PP y posteriormente integrado en el grupo de no adscritos, justificó entonces la moción por unas presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra relacionada con una bandera municipal. Según explicó en aquel momento, el contrato habría recaído en el hermano de la secretaria del alcalde en una situación económica municipal que describió como «no muy boyante».
El Gobierno saliente atribuyó a aquella actuación posibles delitos de «nepotismo, tráfico de influencias y falsificación documental de registro».