El Juzgado de la Contencioso Administrativo número 3 de Toledo ha estimado un recurso presentado por la portavoz del PP en Illescas, Alejandra Hernández, quien considero dañados su derechos fundamentales como munícipe al no tener acceso a una información solicitada en el marco de su labor de oposición, una documentación relativa a un curso formativo realizado por una edil del equipo de Gobierno.

En la sentencia, recogida por Europa Press, el juez declara «no conforme a derecho la actuación del Ayuntamiento de Illescas al no facilitar en tiempo y forma a la demandante la información que interesó en una solicitud presentada en septiembre de 2024».

Un movimiento por el que da por vulnerado desde el Ayuntamiento «el derecho fundamental de la recurrente consagrado en el artículo 23 de la Constitución». Además, se condena a costas al Consistorio.

ANTECEDENTES DE HECHO

Alejandra Hernández interpuso recurso en la modalidad especial para la protección de Derechos Fundamentales frente a una actuación administrativa del Ayuntamiento de Illescas de «impedir el acceso material a una información solicitada en fecha 18 de septiembre de 2024, pese a ser su solicitud estimada favorablemente.

Se recuerda en la sentencia que tras registrar el procedimiento, se requirió al Ayuntamiento la aportación del Expediente Administrativo.

En nota de prensa enviada por el Partido Popular, la propia portavoz, Alejandra Hernández, ha querido condenar un hecho del que culpa a «la actitud del alcalde», José Manuel Tofiño, quien «ha vulnerado los derechos fundamentales de la oposición y ha ocultado deliberadamente su gestión a los vecinos».

«Llevamos más de seis meses pidiendo esta documentación y exigiéndola, pero se han negado sistemáticamente a entregarla. Hoy la justicia nos da la razón», asegura Hernández.

Añade además que en esta ocasión «el motivo para ocultar la información era especialmente grave», ya que se trataba de una documentación «relativa a la formación con dinero público de una concejal del equipo de Gobierno que utilizó esos cursos pagados con fondos municipales para acceder posteriormente a plazas en el propio Ayuntamiento».

«Estamos ante un abuso inaceptable del poder, un uso clientelar de los servicios públicos y una vulneración frontal del principio de transparencia», asegura, agregando que la condena «no es solo una victoria del PP, sino de todos los vecinos».