UGT Castilla-La Mancha ha emitido 2.302 certificados de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización de personas extranjeras que impulsa el Gobierno central. Este número forma parte de las 52.041 solicitudes recibidas en la Comunidad Autónoma.
Detalles del proceso de regularización
Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, acompañada por Lola Alcónez, secretaria general del sindicato, y Cesc Poch, responsable confederal del Área de Migraciones, ofreció un análisis sobre el avance de este proceso.
De los 2.302 certificados emitidos, la mayoría se han distribuido entre las provincias de Ciudad Real y Toledo. En cuanto a la distribución por género, el 76% de los beneficiarios son hombres y el 24% son mujeres, con edades que oscilan entre los 25 y 50 años y una diversidad de nacionalidades.
Nacionalidades predominantes
Carrascosa destacó que entre los países africanos, Senegal, Argelia y Marruecos son los más representativos, siendo Mauritania la nacionalidad más común. Por otro lado, en Sudamérica, los nacionales de Perú, Paraguay y Venezuela también han solicitado regularización, con una notable presencia de colombianos.
Distribución de solicitudes en Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha se sitúa como la quinta región de España en número de solicitudes, con casi 20.900 en la provincia de Toledo, 9.795 en Ciudad Real, 9.191 en Albacete, 6.817 en Guadalajara y 5.342 en Cuenca. Aunque la primera fase del proceso ha concluido, aún queda un mes para finalizarlo por completo.
UGT ha desempeñado un papel crucial como entidad colaboradora, asesorando a los migrantes sobre los requisitos y procedimientos necesarios para garantizar que aquellos que deseen acogerse a la regularización lo hagan con plenas garantías y protección ante situaciones de vulnerabilidad, abuso o estafa.
Un panorama laboral preocupante
La secretaria Carrascosa subrayó que las más de 52.000 solicitudes en la región reflejan una gran bolsa de empleo irregular, lo que contribuye a la precariedad y a la falta de derechos laborales. «Este proceso es fundamental para combatir la economía sumergida», enfatizó, resaltando la necesidad de fortalecer la Inspección de Trabajo y aumentar sus recursos para dignificar derechos laborales y mejorar la economía pública.
Las migrantes como parte de la solución
Carrascosa afirmó que las personas migrantes «no son un problema, sino una solución» y anunció que UGT llevará a cabo un análisis sobre la situación de las mujeres migrantes en la región. Este estudio, que incluirá visitas a empresas y cuestionarios, tiene como objetivo conocer el perfil sociodemográfico de estas mujeres y su representación en diversos sectores laborales.
Además, UGT lanzará una campaña de comunicación con vídeos informativos que visibilizarán la situación de las mujeres migrantes y organizará encuentros en cada provincia para promover el debate y la reflexión sobre sus experiencias.
Compromiso con la regularización
El sindicato defenderá todas las medidas que garanticen una regularización con criterios de transparencia y justicia legal, considerando que es una responsabilidad compartida. Carrascosa destacó que la experiencia del proceso varía en cada provincia, lo que requiere una atención personalizada.
Resultados a nivel nacional
Cesc Poch, responsable confederal del Área de Migraciones, se refirió a los datos a nivel nacional, destacando que UGT Castilla-La Mancha fue pionera en ofrecer apoyo durante el proceso más crítico, que ha generado 1.175.000 solicitudes de regularización. Hasta la fecha, 630.000 han sido aceptadas a trámite y 11.000 ya resueltas.
Poch calificó estos avances como una «buena noticia para la sociedad» y la economía, ya que permitirán a muchas personas salir de la precariedad. Sin embargo, destacó la importancia de analizar cómo se integra el proceso de regularización en el mercado laboral, dado el alto grado de vulnerabilidad existente, especialmente entre las mujeres que trabajan en el hogar, donde el 20% de las regularizadas se desempeñan, y el 92% de las personas solicitantes.