La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha tendrá que esperar a la próxima legislatura después de la convocatoria de elecciones generales anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El texto se encontraba en el Congreso de los Diputados tras superar el debate de toma en consideración y finalizar el plazo de enmiendas.
La consecuencia inmediata afecta a las propuestas de modificación presentadas por los grupos parlamentarios. Las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press sitúan en casi un centenar las enmiendas que decaen con la actual legislatura.
La reforma del Estatuto vuelve a la Mesa del Congreso
El Reglamento del Congreso contempla esta situación en su artículo 207. El precepto establece que «disuelto el Congreso o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente», según el texto citado.
Al proceder la iniciativa de una asamblea autonómica, la práctica parlamentaria permite trasladarla a la siguiente Cámara. No será necesario registrarla otra vez, pero la tramitación se reanudará desde la calificación de la Mesa del Congreso.
La nueva Mesa, que se constituirá después de las elecciones del 29 de noviembre, deberá decidir si califica la propuesta. Después, el nuevo Congreso tendrá que pronunciarse de nuevo sobre su toma en consideración.
El texto llegó al Congreso en noviembre de 2025
El proyecto nació del pacto alcanzado entre PP y PSOE en Castilla-La Mancha y llegó a la Cámara baja aproximadamente un año antes de la convocatoria electoral. En noviembre de 2025 obtuvo 288 votos favorables, frente a 34 en contra y 13 abstenciones.
El plazo para presentar enmiendas terminó en febrero. Sumar registró 12; el Grupo Mixto, 19; el PSOE, 21; el PP, 11, y Vox, 33.
Entre las propuestas figuraban cambios en el número de diputados autonómicos. El PP planteó fijar la horquilla entre 25 y 35 escaños, frente al margen de 25 a 55 pactado inicialmente con los socialistas. Vox defendió limitar los mandatos del presidente regional y reducir organismos administrativos.
El PSOE presentó cambios principalmente técnicos, junto con medidas de protección para el colectivo LGTBIQ+ y un reconocimiento específico a la Universidad de Castilla-La Mancha. Sumar propuso blindar el derecho al aborto y garantizar un mínimo de 40 diputados, mientras Podemos planteó medidas sobre actividades extractivas, memoria histórica, sanidad universal y el sistema electoral.