La propuesta de Vox para que los productos nacionales y de Castilla-La Mancha tengan prioridad en la compra destinada a comedores públicos ha sido rechazada este jueves en el debate parlamentario regional. La iniciativa la defendió el diputado David Moreno y recibió el respaldo de los 12 parlamentarios del PP y los cuatro de Vox, pero la mayoría socialista votó en contra.
El planteamiento incluía prisiones, hospitales y centros educativos públicos. Vox pretendía evitar la entrada de alimentos importados y señaló especialmente a Marruecos, país al que Moreno acusó de incurrir en «competencia desleal».
La propuesta de Vox y la defensa del producto regional
Moreno sostuvo que la medida serviría para ofrecer «más oportunidades a los agricultores de Castilla-La Mancha» y defendió «dar preferencia a los productos de nuestra tierra». Durante su intervención mostró un tomate y aseguró que las familias del campo observan «cómo se compra cada vez más tomate de Marruecos».
El diputado de Vox vinculó el debate con la movilización del campo prevista para el próximo martes. También incorporó a su resolución otras medidas, entre ellas la prohibición de la comida halal en los comedores escolares de la comunidad autónoma.
El PP coincidió con Vox en la necesidad de favorecer la producción nacional, aunque su diputada Itziar Asenjo advirtió de problemas de «seguridad jurídica». Reclamó «libre comercio, cláusulas espejo y reciprocidad» y planteó que las cooperativas agroalimentarias puedan competir como proveedoras de los comedores públicos mediante unas normas diseñadas «adecuadamente».
Asenjo defendió que la Administración complemente con fondos los costes de carburantes y fertilizantes. «Nuestros agricultores no piden que le regalen el mercado, solo competir en términos de igualdad», afirmó.
El PSOE cuestiona la legalidad de la iniciativa
El socialista Antonio Sánchez Requena rechazó que Vox presente sus medidas como una novedad y sostuvo que el Gobierno regional ya aplica actuaciones para dar más oportunidades a la industria agroalimentaria. Según expuso, varias propuestas no encajan con la Ley de Contratos del Sector Público.
Sánchez Requena también recordó que los comedores de las prisiones son competencia estatal y citó los 272 millones de euros del programa FOCAL abonados por el Gobierno de Castilla-La Mancha para apoyar al sector agrario regional.
La resolución no alcanzó los votos necesarios y quedó descartada en la votación final.