La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Pilar Astray, ha asegurado este lunes que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma «pueden estar convencidos y tener confianza en los tribunales de este territorio», de los que ha destacado su «dignidad» y «su dedicación, su independencia e imparcialidad».
Ha sido durante el acto que ha dado inicio al Año Judicial en el TSJCM, al que ha asistido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación, Santi Cabañero; y el alcalde, Manuel Serrano, entre otras muchas autoridades.
Astray, tras repasar las cifras, necesidades y el «gran esfuerzo resolutivo» de los jueces y magistrados de la región, ha indicado que esa labor se ha hecho «con dedicación e independencia», pues estos profesionales ponen su «talento y mejor dedicación» en la mejora de este servicio.
Consciente de que las resoluciones que emiten «están sometidas a críticas», ha pedido «no perder nunca de vista» que «se lastran los cimientos de las instituciones» cuando la independencia «se pone en duda» con «etiquetas sesgadas o instrumentalizadas y al servicio de los intereses de un debate cada vez más polarizado».
HERRAMIENTAS «MODERNAS»
Previamente, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha reclamado «herramientas modernas» que estén «a la altura del siglo XXI» para que el Ministerio Fiscal pueda seguir avanzado en todo lo que se refiere a los sistemas de gestión procesal, pues «no tiene mucho sentido» que las aplicaciones informáticas de las comunidades autónomas «sean diferentes e incompatibles» entre ellas.
También ha visto necesario cambiar el propio modelo procesal de investigación, que data de una época de cuando aún «no se había inventado el automóvil, el teléfono o la máquina de escribir», y más cuanto todos los países del entorno tienen un modelo acusatorio que instruye el Ministerio Fiscal mientras que la autoridad judicial supervisa los derechos del investigado.
«El camino hacia esa ruta es inevitable, porque si no perdemos el tren de la modernidad, que casi se nos ha ido», ha precisado Fernández, que ha remarcado que la Fiscalía «es una institución cuya fortaleza es la propia del estado de derecho y es preciso proteger». De ahí que, a su juicio, haya «llegado el momento de cambiar ese sistema procesal porque la justicia será mejor», convencido de que «estamos absolutamente preparados para asumir el reto que supone esa investigación».
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