Los rectores de las universidades españolas han hecho un llamado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que honre su compromiso de cubrir los gastos relacionados con las indemnizaciones derivadas de la finalización de contratos predoctorales y posdoctorales. Este compromiso es especialmente relevante para aquellos contratos que se encontraban vigentes con la entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia.
Indemnizaciones para jóvenes investigadores
De acuerdo con información proporcionada por las propias universidades, se han adelantado pagos por un total de 24,5 millones de euros para compensar a 9.693 jóvenes investigadores que han finalizado sus contratos predoctorales y postdoctorales entre 2022 y 2025. Esta cifra ha sido confirmada por Europa Press y se había adelantado previamente en El Mundo.
Compromiso de la ministra de Ciencia
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, había asegurado en 2022 que se encargaría de cubrir la finalización de estos contratos, una medida que impacta a unos 18.000 investigadores jóvenes en toda España y que representa una inversión superior a los 60 millones de euros.
Demandas de las universidades
Ante esta situación, las universidades han insistido en que el Ministerio cumpla con su obligación de asumir el pago de estas indemnizaciones, destacando que el impacto es especialmente significativo en las universidades públicas.
Silencio del Ministerio sobre el cumplimiento
Hasta el momento, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no ha emitido ningún comentario sobre el estado del cumplimiento de este compromiso.
Marco legal de la Ley de la Ciencia
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que fue aprobada en 2022, establece el derecho a recibir una indemnización al finalizar los contratos predoctorales y postdoctorales. Antes de esta legislación, estos contratos no incluían un derecho a compensación económica al terminarse.
Apoyo del Gobierno a los investigadores
Diana Morant, ministra del ramo, ha garantizado que el Gobierno apoyará a estos investigadores «con todas las indemnizaciones de los contratos que estaban en vigor» al momento de la implementación de la nueva normativa.