Durante el periodo comprendido entre julio y septiembre, se registró que 19,8 de cada 10.000 mujeres en España fueron víctimas de violencia machista. Esta cifra es bastante similar a la del mismo trimestre del año anterior, cuando la tasa se situó en 19,6, de acuerdo con el ‘Informe trimestral sobre Violencia de Género’, que fue publicado el viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Datos por comunidades autónomas

En el análisis por comunidades autónomas, Baleares lidera con un alarmante 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres. A esta le siguen la Comunidad Valenciana con 25,3, Canarias con 24,4, Murcia con 24,1, Cantabria con 22,9, Madrid con 21,5 y Andalucía con 20,9. Por otro lado, aquellas regiones que se sitúan por debajo de la media nacional son Galicia (12,9), La Rioja (13,4), Castilla y León (14,1), Asturias (15,1), País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha (15,8), Cataluña (16,5), Aragón (19,1) y Navarra (19,2).

Estabilidad en las denuncias y víctimas

El informe revela que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tramitaron un total de 53.268 denuncias en el tercer trimestre de 2025, lo que equivale a una media diaria de 579 denuncias en todo el país. Comparando este periodo con el año anterior, el número de mujeres víctimas de violencia de género se mantuvo estable, con 49.156 víctimas registradas, lo que representa un incremento del 0,88%. Las denuncias también mostraron un ligero aumento del 0,23% en comparación con 2024.

Origen de las denuncias y perfil de las víctimas

Un dato relevante es que siete de cada diez denuncias (72,29%) fueron presentadas por las propias víctimas, tanto en comisarías como en sede judicial. Las denuncias interpuestas por familiares constituyeron un 1,92% del total, cifra levemente inferior a la del mismo trimestre del año pasado. Las restantes denuncias se debieron a atestados por intervención policial (16,27%), partes de lesiones en el juzgado (6,96%) y servicios de asistencia y terceras personas (2,56%).

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 61% eran españolas, mientras que el 39% restante pertenecía a otras nacionalidades. Durante este trimestre, se reportaron 121 víctimas menores tuteladas, de las cuales el 69,42% eran españolas y el 30,58% extranjeras.

Aumento en las víctimas que no declaran

Un aspecto preocupante es el incremento en el número de víctimas que optaron por no declarar contra sus agresores. Se registraron 5.480 casos de renuncia a la obligación de declarar, lo que representa un aumento del 22,51% en comparación con el tercer trimestre de 2024. Esto se traduce en una tasa de 11,5 mujeres que decidieron no testificar por cada cien víctimas de violencia de género, siendo el 10,17% entre las víctimas españolas y el 12,67% entre las extranjeras.

Órdenes de protección solicitadas

Entre julio y septiembre de este año, se solicitaron 12.844 órdenes de protección en los órganos judiciales, lo que supone una disminución del 1,6% respecto al año anterior. De estas, 10.806 fueron tramitadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.038 por los juzgados en funciones de guardia. En total, se adoptaron 8.920 órdenes de protección, un 1,15% menos que en el año anterior.

Los juzgados acordaron 7.377 órdenes, lo que equivale al 68,3% de las solicitudes recibidas, mientras que los juzgados de guardia aprobaron 1.543, representando el 76% de las solicitudes. En total, se adoptaron siete de cada diez órdenes solicitadas (69,44%), cifra muy cercana al 66% del año anterior.

Medidas de protección adoptadas

En el 42,8% de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Un total de 7.866 víctimas solicitaron medidas de protección, de las cuales el 72,8% eran españolas y un 1,89% eran menores de edad. También se dictaron 16.185 medidas judiciales penales de protección para mujeres y menores, siendo las más comunes la prohibición de comunicación (6.261) y la orden de alejamiento (6.111).

Por último, se establecieron 5.100 medidas cautelares civiles para proteger a las mujeres y menores durante los procesos judiciales, siendo las más frecuentes las relacionadas con la prestación de alimentos (1.553) y la atribución de la vivienda (1.095), con porcentajes que se mantuvieron estables en comparación con años anteriores.