La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha se adherirá a la huelga por la vivienda del 11 de noviembre, convocada por CCOO y UGT a partir de las reivindicaciones de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos. El colectivo ha pedido a organizaciones, asociaciones y ciudadanos de la región que se incorporen a las movilizaciones previstas durante esa jornada.
La plataforma sostiene que las administraciones deben impedir los desalojos sin garantías, proteger a los inquilinos frente a la especulación y asegurar una alternativa habitacional cuando el mercado no cubra esa necesidad. Entre sus propuestas figura ampliar el parque público y el alquiler social gestionado por las instituciones.
La huelga por la vivienda reclama más protección para los inquilinos
El colectivo también plantea reforzar la seguridad de los contratos de alquiler y paralizar los desahucios de personas vulnerables si no cuentan con otra vivienda. Su posición parte de considerar el acceso a una casa adecuada como un derecho fundamental y no como un bien de consumo.
La Plataforma ha defendido que la convocatoria es legal y adecuada, al entender que el derecho de huelga también puede amparar protestas de carácter político, económico y social. En su comunicado, ha reivindicado el papel de los sindicatos de inquilinas, a los que atribuye años de acompañamiento a familias y documentación de desahucios en barrios y juzgados.
Críticas a la política de vivienda de la Junta
El colectivo ha dirigido parte de sus críticas a la Junta de Castilla-La Mancha. A su juicio, el Gobierno autonómico no ha impulsado una regulación suficiente del alquiler ni ha declarado ninguna zona de mercado residencial tensionado, pese a que varios municipios cumplirían ya los indicadores para hacerlo.
La plataforma cuestiona que la respuesta regional se haya centrado principalmente en construir vivienda nueva y reclasificar suelo. En su lugar, reclama priorizar la compra de viviendas ya existentes y utilizar mecanismos como el tanteo y el retracto.
También rechaza la Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, porque considera que vuelve a apostar por la construcción y la reclasificación frente a herramientas que califica de más rápidas y eficaces.
Por último, denuncia que la Administración autonómica no garantiza una alternativa habitacional a las familias vulnerables desahuciadas y que la responsabilidad queda repartida entre consejerías y ayuntamientos sin un protocolo claro de coordinación.