El reciente informe trienal que evalúa el cumplimiento y el impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha ha sido aprobado por la mayoría del PSOE en las Cortes de la región. Esta decisión se ha tomado en medio de críticas de la oposición, que cuestiona la efectividad de la ley defendida por el Gobierno. Vox ha votado en contra, mientras que el Partido Popular ha optado por la abstención.
El PSOE destaca los logros alcanzados
Durante el debate, los representantes del PSOE subrayaron los avances logrados desde la implementación de la ley, aunque reconocieron que aún hay mucho trabajo por hacer para implementar todas las políticas contempladas en el texto legislativo aprobado hace años.
Críticas de Vox a la ley
El diputado de Vox, Luis Blázquez, fue el primero en expresar su desacuerdo, afirmando que muchos consideran que el PSOE actúa con hipocresía. «Vienen a poner etiquetas. Si una mujer es feminista, tiene que ser socialista. Un claro ejemplo de la degradación de la mujer», criticó Blázquez, quien añadió que cualquier mujer que no esté de acuerdo con el PSOE es considerada una radical.
Además, Blázquez destacó que las mujeres en Castilla-La Mancha enfrentan problemas significativos, como el acceso a vivienda y largas listas de espera en el sistema de salud. «Frente a eso, solo recetan ideología», lamentó.
El diputado también cuestionó el uso de un millón de euros en subvenciones para el organismo encargado del informe, criticando las «campañas y sueldos» que, según él, consumen esos recursos. «El informe es demoledor y reconoce que no puede medir con rigor la discriminación. Ustedes crean organismos y luego reconocen que no tienen instrumentos para medir lo que desean combatir. Es un despropósito», concluyó.
El PP pide datos objetivos
Por su parte, Ana Cantarero, diputada del PP, afirmó que su partido rechaza cualquier forma de discriminación, aunque reconoció que la ley ha generado herramientas útiles. Sin embargo, destacó que «tres años después, el plan estratégico sigue sin aprobarse y la coordinación entre consejerías sigue sin reunir resultados».
Cantarero enfatizó la falta de una política transversal y cómo la falta de desarrollo de la ley ha llevado a no cumplir con las expectativas. «El informe no permite valorar el impacto real de las actividades organizadas», afirmó, solicitando «datos objetivos» que respondan a si la ley ha mejorado la vida de las personas.
Además, hizo hincapié en las dificultades que enfrentan las comunidades rurales para acceder a los recursos que ofrece la ley y exigió al Gobierno que active los órganos previstos para una verdadera coordinación.
El PSOE y los avances en tres años
La parlamentaria socialista, Rosario García Saco, defendió en nombre de su grupo el informe de la ley, que considera «credibilidad». Según ella, estos informes son herramientas que ayudan a mejorar las políticas públicas, mientras que la oposición los utiliza para desacreditar los logros alcanzados.
García Saco destacó que, con solo «tres años de recorrido», la ley ha establecido servicios públicos que antes no existían, aunque reconoció que aún faltan «cosas por hacer». «No hay que negar lo que ya se ha conseguido», subrayó, criticando a Vox por no proponer mejoras y limitarse a cuestionar la existencia de recursos específicos para quienes sufren discriminación.
Las palabras de la consejera de Igualdad
En este contexto, la consejera de Igualdad, Sara Simón, aseguró que el informe trienal demuestra que, aunque la norma es «muy joven», ya ha generado resultados. «En tres años, el 84% de este articulado ya se ha iniciado», afirmó, aunque admitió que «queda camino por recorrer».
Simón concluyó que las políticas deben centrarse en tener un «impacto positivo en la sociedad», resaltando el compromiso del Gobierno de seguir trabajando en este ámbito.