El debate sobre la financiación autonómica en Castilla-La Mancha se ha intensificado, con el Gobierno regional incapaz de contar con el apoyo del Partido Popular (PP) y de Vox en su propuesta que presentará ante el Gobierno de España. En un contexto en el que el Ejecutivo asegura no conocer la postura del principal partido opositor, los ‘populares’ han exigido que cesen las negociaciones si el Gobierno central no aborda la reforma de manera multilateral.

Intervención del consejero de Hacienda

Durante su intervención en las Cortes, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, reiteró que asistió a la reunión con el secretario de Estado, Jesús Gascón, en junio pasado por «lealtad institucional». Su objetivo fue abogar por una negociación consensuada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ruiz Molina enfatizó la importancia de considerar la dispersión geográfica y la superficie al actualizar los criterios de población ajustada, lo que, según él, asegura el principio de igualdad en la financiación. «Todos debemos recibir la misma financiación por población ajustada para garantizar que todas las comunidades autónomas puedan ofrecer servicios públicos de calidad, independientemente de la capacidad económica de sus ciudadanos», explicó.

Condonación de deuda y oposición a negociaciones unilaterales

El consejero pidió a los diez diputados del PP en el Congreso que apoyen la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas. Afirmó que el Gobierno de Castilla-La Mancha se opondrá a cualquier negociación bilateral que afecte el reparto de los recursos tributarios a nivel nacional. Criticó al PP por no hacer pública su postura sobre este asunto específico, expresando su disposición a reunirse con ellos para fortalecer la posición del Gobierno regional.

Vox se opone a la mala gestión como excusa

Francisco José Cobo, en representación de Vox, manifestó que su partido no acepta que la financiación autonómica se utilice como una justificación para ocultar la mala gestión y el gasto descontrolado. «Al discutir cuánto recibe cada comunidad, perdemos de vista la situación general de una España más endeudada y con una presión fiscal creciente, que afecta a las familias y a los jóvenes», subrayó.

Cobo también cuestionó si el criterio de población ajustada incluirá a personas que se regularizan de forma indiscriminada, y se mostró en contra del modelo que el Gobierno central está negociando bilateralmente con Cataluña, argumentando que este atenta contra los intereses generales de los españoles. «No hay españoles de primera y de segunda; eso genera desigualdad», concluyó.

Críticas del PP a la gestión del consejero

Desde el Grupo Popular, Santiago Serrano lamentó que el consejero no haya aportado información nueva en su comparecencia, acusándolo de «blanquear un proceso condicionado por los intereses de Esquerra Republicana de Cataluña». Serrano sugirió que el consejero había ido a recoger un «sobre de instrucciones» de Pedro Sánchez, que justificaría un modelo perjudicial para Castilla-La Mancha.

El diputado toledano expresó su disposición a acompañar al consejero en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para defender la posición de la región, pero dejó claro que no lo harían en negociaciones bilaterales con el Gobierno central, insistiendo en que la financiación debe ser un asunto negociado entre todos.