La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha hecho público un posicionamiento que analiza la desigualdad territorial en el acceso al derecho al aborto en España, centrándose especialmente en la situación de la Comunidad de Madrid. En esta región, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) muestra una alarmante externalización, con solo el 0,47 por ciento de los procedimientos llevándose a cabo en centros públicos.
Situaciones críticas en varias comunidades autónomas
Además de la Comunidad de Madrid, la SEE pone de relieve la problemática existente en otras regiones, como Extremadura, Ceuta y Melilla, donde el 0 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos. Estas comunidades son seguidas por Andalucía (0,03%), Castilla-La Mancha (0,05%) y Murcia (0,93%).
Desigualdad en el acceso a la IVE en Madrid
El Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GEyDIS) de la SEE ha calificado a Madrid como un ejemplo paradigmático de esta disparidad. La red privada es prácticamente la única que proporciona servicios de IVE, dejando a la sanidad pública con una participación mínima. Esta situación genera barreras estructurales que afectan desproporcionadamente a las mujeres con menos recursos económicos, comprometiendo así su derecho a la salud y perpetuando inequidades de género y socioeconómicas.
Negativa al cumplimiento del registro de objetores
Asimismo, la SEE señala que la Comunidad de Madrid es la única que ha mostrado una negativa explícita en cuanto al cumplimiento del registro de objetores. «Esto refleja cómo una política sanitaria deficiente puede desvirtuar un derecho reconocido legalmente, convirtiéndolo en un privilegio condicionado por el territorio, los recursos y la ideología», apuntan desde la organización.
El acceso a la IVE como un problema de equidad de género
Para la SEE, la dificultad de acceso a la IVE trasciende la mera gestión sanitaria y se convierte en un «problema de equidad de género». El acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva se presenta como un pilar esencial para la igualdad, permitiendo a las mujeres ejercer control sobre sus cuerpos, sus decisiones reproductivas y sus proyectos de vida.
Discriminación por razón de sexo
La organización advierte que la falta de implementación efectiva de este derecho puede constituir una forma de discriminación por razón de sexo, ya que impide que las mujeres ejerzan su autonomía reproductiva en condiciones de igualdad. Las restricciones en el acceso afectan de manera desproporcionada a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como aquellas con recursos económicos limitados, migrantes, jóvenes y en precariedad. «Al limitar su autonomía reproductiva, estas barreras perpetúan patrones históricos de control y subordinación, restringiendo su capacidad para participar plenamente en la vida social, económica y política», añaden.
Una obligación garantizar el acceso a la IVE
La SEE sostiene que, desde la perspectiva de los derechos humanos y la justicia de género, garantizar el acceso a la IVE es una obligación jurídica, ética y sanitaria, no una opción ideológica. La falta de integración pública, el rechazo al registro de objetores y la externalización sistemática constituyen una vulneración estructural del derecho a la salud y a la autonomía reproductiva de las mujeres.
Por todo ello, la SEE reitera que garantizar el acceso efectivo a la IVE es una «obligación legal» y una «condición esencial» para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.