Con motivo del Día de Castilla-La Mancha, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Función Pública de la región y con creciente presencia en la empresa privada, subraya el papel clave que juegan los servicios públicos en el progreso económico y social de la comunidad autónoma, y sin embargo deteriorados y maltratados con unos recortes que no cesan.

Esta jornada conmemora la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha, un parlamento autonómico que puede ver aumentado su número de representantes tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, ha informado el sindicato en nota de prensa.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, explica que «crecen los privilegios de unos pocos mientras seguimos con recortes que nos afectan en el día a día, contar con unas Cortes con más políticos supondrá un gasto enorme para las arcas públicas y que pagamos todos los castellano-manchegos».

CSIF incide en que continúan las restricciones en las contrataciones del personal sanitario y de trabajadores de la Junta de Comunidades; la temporalidad roza el 40% (más de 18.800 profesionales de ámbitos sanitarios o más de 10.300 docentes interinos); derechos como la paralización de la carrera profesional o la derogación del Plan de Acción Social, o la negativa a afrontar una subida salarial a los empleados públicos de la región a pesar de toda la pérdida retributiva acumulada.

«Parece que sí hay dinero para unas cosas, como los altos cargos en la Junta, 149 en 2025, o las subvenciones a sus sindicatos afines, que ya superan los 48 millones de euros, y en el futuro veremos unas Cortes con más representantes. Pero parece que no hay dinero para los servicios públicos. Hay más de 147.000 empleados públicos en nuestra región que siguen esperando mejoras que no llegan», añade Domínguez.

Y a ello suma la Ley de Simplificación Administrativa, «a la que podremos llamar la Ley Page», una normativa que supondrá un auténtico ataque a los servicios públicos abriendo las puertas a su privatización.

Pero además de los servicios públicos, CSIF también alerta sobre los retos sociales a los que se enfrenta Castilla-La Mancha: uno de cada tres ciudadanos está en riesgo de pobreza o exclusión social; los salarios y pensiones continúan por debajo de la media nacional; el desempleo femenino y la precariedad laboral con contratos temporales y jornadas parciales, o las 58 personas que perdieron la vida el pasado año en la terrible lacra de la siniestralidad laboral.

«Vamos a seguir luchando y siendo el escudo para los colectivos más vulnerables, porque en CSIF no nos ponemos de perfil. La recuperación de derechos, la mejora de las condiciones laborales y la lucha contra la precariedad no son sólo justas, sino imprescindibles para construir una Castilla-La Mancha más próspera, igualitaria e inclusiva», concluye Domínguez.