CCOO Castilla-La Mancha ha tramitado más de 800 expedientes y ha atendido más de 3.000 consultas de personas trabajadoras migrantes de toda la región dentro del proceso extraordinario de regularización, puesto en marcha por el Gobierno de España, cuyo plazo se cerró el pasado 30 de junio. Así lo ha expuesto el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de la central sindical en la región, Juan Carlos del Puerto, durante una rueda de prensa destinada a trasladar los resultados de la campaña impulsada por el sindicato en la regularización extraordinaria. Una cifra que se traducirá en un número superior de regularizaciones, ya que detrás de cada expediente hay, con frecuencia, una unidad familiar completa, según ha informado la central sindical por nota de prensa.
«Este esfuerzo ha sido posible gracias a la red de puntos de asesoramiento que CCOO CLM ha desplegado en las cinco provincias, en coordinación con el trabajo de la Confederación a nivel estatal, que ha tramitado más de 7.500 expedientes en toda España, con el trabajo de cerca de 200 personas» ha explicado Del Puerto. El sindicato ha realizado un llamamiento a quienes se han quedado fuera de plazo para que sigan acudiendo a CCOO porque los puntos de asesoramiento siguen abiertos. «Hay personas que no se han podido acoger por falta de documentación, desconocimiento o porque la demanda de citas ha desbordado la capacidad de las oficinas habilitadas», ha señalado en este sentido el responsables sindical.
PACTO POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Según Del Puerto, el volumen de solicitudes, «que seguramente superarán las 16.000 en la región», ha demostrado que «Castilla-La Mancha necesita algo más que un proceso extraordinario y coyuntural». Por eso propone conformar, con la Delegación del Gobierno, la Junta, los agentes sociales y las entidades especializadas «un Pacto por los derechos de las personas migrantes que aborde el refuerzo de medios humanos y técnicos en materia de extranjería y empleo; planes específicos de inserción laboral y homologación de cualificaciones profesionales; el acceso a la vivienda, sanidad y educación en condiciones de igualdad; y mecanismos de detección y actuación frente a la economía sumergida y la explotación laboral». El hecho es que, a juicio del secretario de empleo, el paso duro viene a partir de la admisión a trámite ya que, aun teniendo una regularización aceptada o una posibilidad de trabajo, «se están viendo situaciones en las que el empleador para el que actualmente trabajan no les quiere dar de alta.
El problema inicial se convierte en problema laboral y por eso el sindicato se implicó desde el principio, porque sabíamos que la irregularidad no es más que otro aspecto de una situación laboral no deseada». Por último, el responsable sindical ha trasladado el rechazo del sindicato al pacto europeo de migración y asilo en vigor desde el pasado 12 de junio. «Condenamos el giro de estas políticas europeas que priorizan la vigilancia policial y las deportaciones masivas frente a la integración laboral y el respeto a los derechos humanos», ha sentenciado.