La atención a las personas con enfermedad mental que se encuentran en proceso o riesgo de judicialización ha recibido un impulso significativo en Castilla-La Mancha. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray Chacón, han firmado recientemente un protocolo general de colaboración que establece un marco de actuación conjunto entre ambas instituciones.
Objetivos de la colaboración
Este acuerdo tiene como principal objetivo formalizar la cooperación entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades y el Tribunal Superior de Justicia para crear mecanismos adecuados que garanticen una atención efectiva a las personas con enfermedad mental que han tenido contacto con el sistema judicial o que corren el riesgo de hacerlo al haber cometido un delito.
Coordinación desde 2013
Desde el año 2013, ambas instituciones ya venían colaborando a través de las Comisiones de Análisis de Casos. Estas comisiones son estructuras estables que reúnen a profesionales de los ámbitos judicial, social y sanitario, así como a representantes de instituciones penitenciarias y asociaciones de pacientes. Su función principal es analizar situaciones específicas, compartir información y buscar estrategias de intervención adecuadas para cada caso.
Mejorando la comunicación y la integración social
Uno de los propósitos de este protocolo es facilitar la comunicación entre la Consejería y el TSJCM, promoviendo el intercambio de información y recursos para un mejor aprovechamiento en beneficio de personas con enfermedades mentales, discapacidades intelectuales o adicciones. Además, se busca mejorar las oportunidades de integración social para aquellos que, debido a su situación, están judicializados.
Estrategias de prevención
El protocolo también contempla el apoyo a las estrategias de prevención que puedan ser implementadas por las Comisiones de Análisis de Casos, con el objetivo de detectar tempranamente problemas de salud mental y adecuar los programas de tratamiento o recursos asistenciales necesarios para minimizar el riesgo de judicialización.
Protocolos conjuntos de actuación
Entre las acciones destacadas se encuentra la elaboración de protocolos conjuntos de actuación, siendo uno de los más relevantes el que busca mejorar la inserción social de las personas con enfermedad mental una vez que han cumplido su condena, facilitando su seguimiento en la comunidad.
Difusión entre los profesionales
Finalmente, otro de los fines del acuerdo es difundir la existencia de las Comisiones entre los profesionales de las Administraciones involucradas. Esto permitirá aumentar el número de casos valorados y, a través de la colaboración en los casos más complejos, se podrán desarrollar protocolos generales de actuación, así como contar con las herramientas necesarias para ofrecer una atención integral a estas personas.