El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado a conocer este martes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026, que alcanza un total de 12.903 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 1,5% en comparación con el presupuesto del año anterior, sumando así 187,2 millones más. El principal objetivo de este incremento es consolidar el gasto social, mantener el equilibrio presupuestario sin recurrir a más deuda y reducir la presión fiscal sobre los sectores más vulnerables.
Detalles del presupuesto no financiero
Durante su comparecencia ante los medios, Ruiz Molina explicó que el presupuesto no financiero, descontando los fondos MRR de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, se eleva a 10.777 millones de euros. Este monto es 720,9 millones superior al del año pasado, lo que equivale a un crecimiento del 7,2%. Las cuentas ya han comenzado su trámite parlamentario tras ser registradas en las Cortes de Castilla-La Mancha, con la intención de que entren en vigor el 1 de enero de 2026. Este presupuesto busca fortalecer la cohesión social, estimular el crecimiento económico, impulsar la sostenibilidad y competitividad empresarial, y avanzar en la lucha contra la despoblación.
Estabilidad política y respaldo a las cuentas
Ruiz Molina también destacó la solidez de estas cuentas públicas, las cuales están respaldadas por la «normalidad y estabilidad política e institucional» en Castilla-La Mancha, en contraste con la incertidumbre que se vive a nivel nacional, donde aún no se han definido el Presupuesto General del Estado ni los objetivos de déficit. Afirmó que las previsiones de estas cuentas están sustentadas por datos recientes, como la calificación crediticia de Castilla-La Mancha por parte de Moody’s y Fish, así como la evaluación del Banco de España, que la posiciona como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido su deuda respecto al PIB. Además, las cifras del INE colocan a la región como la tercera que más ha crecido desde la pandemia, con la tasa de paro más baja desde 2008. «Estos datos consolidan el índice de confianza empresarial que lidera Castilla-La Mancha», subrayó el consejero.
Aumento en el gasto social
En cuanto al desglose del presupuesto, el área de gasto social contempla inversiones por un total de 7.555 millones de euros, lo que representa un aumento de 3.054 millones desde 2015. Por otro lado, el gasto en desarrollo económico alcanza los 3.232 millones, lo que suma 1.356 millones más desde el mismo año. Ruiz Molina enfatizó que las cuentas para 2026 «permitirán la incorporación de más profesionales, infraestructuras, equipamientos, servicios y ayudas». El 72% del presupuesto se destina a sanidad, educación y servicios sociales, con un 38,9% destinado a Sanidad, un 23,4% a educación, cultura y deportes, y un 9,7% a servicios sociales.
Inversiones en sanidad y educación
El presupuesto para Sanidad se cifra en 4.058 millones de euros, lo que implica un aumento del 7,5%. Este incremento busca ampliar las plantillas, desarrollar el plan de infraestructuras sanitarias relacionado con el nuevo hospital de Puertollano y las áreas asistenciales de Albacete y Guadalajara, potenciar la atención primaria, y fortalecer la red de salud mental, además de incrementar el calendario de vacunas y el cribado neonatal. En el ámbito educativo, se han reservado 2.487 millones de euros, un 5,3% más, con el objetivo de reducir las ratios y mejorar el horario lectivo, ampliar la gratuidad de la educación de dos a tres años, crear más plazas de transporte escolar y abrir nuevos centros y enseñanzas, así como impulsar la formación profesional y la inclusión educativa.
Impulso a la generación de riqueza y empleo
Ruiz Molina también subrayó la importancia de fomentar la generación de riqueza y empleo, para lo cual se han asignado 3.232 millones de euros. Estas inversiones están dirigidas a promover la actividad empresarial, modernizar el tejido productivo, apoyar el sector primario, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, facilitar la movilidad y ofrecer un parque inmobiliario asequible para los jóvenes. En este contexto, las «políticas transversales» contra la despoblación cobran especial relevancia, con una asignación de 2.116 millones de euros, de los cuales una parte significativa se destina a servicios públicos y el ámbito económico, gracias a un incremento del 23,5% en la inversión desde 2023, equivalente a 402 millones más, según puntualizó el consejero.