El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un importante paso hacia la modernización de los servicios públicos al aprobar un decreto que regula la figura de las entidades colaboradoras de la Administración regional. Esta nueva herramienta, impulsada por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, busca crear un modelo administrativo más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía.
Detalles del decreto aprobado
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que el decreto desarrolla el marco establecido en la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Este reglamento establece un sistema que permitirá la colaboración de entidades privadas en la tramitación de procedimientos administrativos especialmente complejos, tanto desde el punto de vista técnico como en aquellos con una elevada carga de gestión, según ha informado la Junta en una nota de prensa.
Ventajas del nuevo modelo administrativo
Martínez Guijarro ha enfatizado que esta norma «permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas». Las entidades colaboradoras se encargarán exclusivamente de funciones técnicas como verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control permanecerán en manos de la Administración Pública.
Además, la utilización de estas entidades será voluntaria, lo que significa que ningún ciudadano o empresa estará obligado a recurrir a ellas para gestionar un procedimiento administrativo. El objetivo es ofrecer a los ciudadanos y empresas una Administración más rápida, eficiente y segura, manteniendo siempre el control administrativo, tal y como establece el decreto.
Creación del Registro General de Entidades Colaboradoras
El decreto también incluye la creación del Registro General de Entidades Colaboradoras de Castilla-La Mancha, que facilitará el seguimiento y control de todas las entidades autorizadas. Este registro incorporará información sobre autorizaciones, renovaciones, tarifas, sanciones, memorias de actividad y las entidades locales que hagan uso de este instrumento.
Requisitos para actuar como entidades colaboradoras
Para poder operar como entidades colaboradoras (ECAS), se han establecido requisitos específicos que garantizan la confianza de la ciudadanía. Las empresas interesadas deberán obtener autorización administrativa previa, estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), inscribirse en un Registro General específico, contar con personal técnico cualificado y demostrar solvencia organizativa y económica. Además, deberán tener sistemas internos de calidad y control, así como suscribir una póliza de responsabilidad civil profesional con una cobertura mínima de un millón de euros.
Martínez Guijarro ha subrayado que «todo ello estará sometido a un régimen permanente de supervisión e inspección por parte de la Administración autonómica».
Ámbitos de actuación de las ECAS
El nuevo régimen jurídico permitirá que las entidades colaboradoras actúen en diversos ámbitos administrativos. Entre ellos se encuentran el urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular y la evaluación ambiental.
En estos sectores, las ECAS podrán llevar a cabo funciones técnicas de comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo y apoyo especializado en la tramitación de expedientes, contribuyendo así a agilizar los procedimientos y mejorar la capacidad de respuesta de la Administración. «Estos ámbitos están muy relacionados con el impulso a la actividad económica», ha señalado el vicepresidente.
Beneficios para los pequeños ayuntamientos rurales
Finalmente, Martínez Guijarro ha resaltado que las entidades colaboradoras son una herramienta clave para los pequeños ayuntamientos de las zonas rurales de la región, que a menudo carecen de personal y enfrentan dificultades para avanzar en proyectos urbanísticos.