El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido en mantener una reunión con el Ejecutivo central para abordar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, avisando que dio de plazo el mes de septiembre y ya casi ha culminado, indicando que ni quieren «prórroga» ni ir a los «penaltis».

«Nosotros estamos dispuestos en cualquier momento a mantener esa reunión, a conocer ese documento y pedirles que no pidan prórroga y mucho menos ir a los penaltis, porque al final quien va a perder va a ser el medio ambiente y la población de Castilla-La Mancha y este Gobierno no lo va a permitir», ha reclamado la consejera portavoz, Esther Padilla.

Durante la inauguración de la muestra de la Agencia EFE ‘Momentos icónicos de la historia de Castilla-La Mancha’ en Toledo, ha reprochado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, lleva un año en el cargo y no se ha reunido con ningún miembro del Gobierno regional.

«Llega un momento que cuando no se cumple con la ley y las sentencias hay que solicitar su ejecución. Si es necesario ir a la vía judicial pues lo tendremos que hacer. Tendremos que dar ese paso, que será duro, pero lo haremos», ha avisado la portavoz del Ejecutivo regional.

Así, ha mencionado que «siguen pasando los días, siguen pasando los meses y los años» porque, «ya van dos, desde que se aprobaron los planes de los nuevos planes hidrológicos y no se cambia la perspectiva», ha remarcado Padilla.

Cree la consejera portavoz que «es un tema de voluntad política» y «no se puede esperar hasta el último momento para cambiar las reglas, no tiene ningún sentido».

«Cuando hay sentencias del Tribunal Supremo, cuando hay directivas europeas, cuando hay normativa estatal que este país ha aprobado y que por lo tanto debe cumplir, el Gobierno debe ya inmediatamente, sin más dilación, publicar la ley», ha apremiado.

Ni siquiera hay un borrador de esta nueva normativa y, ha lamentado Padilla, «se sigue haciendo un uso del trasvase contrario a la ley, contrario a las sentencias que han dicho los tribunales y contrario a las directivas europeas».

«No sé qué más podemos decir para que se salgan las cosas», ha aseverado Esther Padilla.