La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha puesto a Castilla-La Mancha como ejemplo de buenas prácticas en la búsqueda de soluciones demográficas, aduciendo a la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha y el resto de políticas que se están aplicando en la región en esta área.
Así se refleja en el informe ‘Reduciendo de manera inteligente y sostenible: Compendio de buenas prácticas explora soluciones efectivas y basadas en evidencia para gestionar el cambio demográfico’, publicado por esta organización internacional, conformada por un total de 38 países, según ha informado la Junta por nota de prensa.
En concreto, destacan que Castilla-La Mancha ha sido la primera región de la Unión Europea en adoptar un marco jurídico global sobre el declive demográfico, respaldado por la aprobación unánime y la participación ciudadana.
Además, aluden a la zonificación que incluye la Ley de medidas contra la despoblación, donde se establecen un total de 26 zonas despobladas, abarcando 721 municipios (80 por ciento de la región), con incentivos fiscales diferenciados como la deducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de hasta un 25 por ciento; los 500 euros para la reubicación relacionada con el trabajo o el 75 por ciento de reducción de impuestos para las empresas.
En este sentido, el informe de la OCDE hace también referencia a la memoria de impacto demográfico, que, desde 2023, se incluye en la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha y que en el ejercicio presente destina más de 2.000 millones de euros (el 25 por ciento del presupuesto efectivo regional) a la lucha contra la despoblación.
Y, finalmente, se detienen en la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley, diseñada para su aplicación a diez años y que cuenta, inicialmente, con más de 3.300 millones para la ejecución de las más de 200 medidas que contempla.