El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado una importante decisión al aprobar una asignación de 7,3 millones de euros para la prevención de situaciones de abuso infantil. Además, se destinarán más de 9 millones de euros a programas relacionados con la salud mental, según ha informado la consejera portavoz, Esther Padilla.
Iniciativas para prevenir el abuso infantil
En lo que respecta a la prevención del abuso infantil, esta iniciativa se enmarca dentro de una convocatoria anual para el año 2026, dirigida a entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de potenciar servicios que impactan a 70.000 menores y más de 35.000 familias.
La consejera Padilla ha detallado en una rueda de prensa que estos servicios pueden abarcar desde programas de mediación familiar en contextos de divorcio, hasta la intervención en casos de abuso sexual infantil. En el primer semestre del año, el Gobierno regional ha atendido 715 casos de abuso sexual infantil en la comunidad.
Las medidas también se extienden a la lucha contra el acoso y el ciberacoso en la infancia y adolescencia, así como a la violencia familiar y filoparental, brindando apoyo a familias en situaciones de vulnerabilidad. Entre los servicios específicos mencionados se encuentran el Aula de Familia, que promueve la educación positiva, y los puntos de encuentro familiar, diseñados para crear un entorno seguro para los progenitores. También se incluyen chats de atención a la infancia y adolescencia y el servicio de postadopción.
Inversión en salud mental
Por otra parte, el Gobierno regional ha aprobado una inversión superior a 9 millones de euros para implementar diversas medidas en el ámbito de la salud mental, lo que representa un aumento de un millón de euros en comparación con 2025.
Este presupuesto se destinará a programas que busquen ayudar a las personas a recuperar su autonomía y a apoyar a las familias para que no se sientan solas, facilitando la recuperación gradual de sus vidas. De este total, 5,6 millones de euros se asignarán a plazas residenciales para personas que padecen trastornos mentales graves o que se encuentran en situación de exclusión.
La inversión también contempla la creación de viviendas con supervisión diaria y nocturna, centros sociosanitarios, residencias comunitarias, comunidades terapéuticas, así como centros de rehabilitación psicosocial y laboral para aquellos con trastornos mentales graves. Se incluirán programas de prevención del bienestar emocional, iniciativas contra la estigmatización y actividades en centros penitenciarios dirigidas a reclusos con problemas de adicción.
Estos recursos beneficiarán directamente a más de 2.500 personas y a otras 10.000 de forma indirecta, subrayando el compromiso del Gobierno regional con la salud mental y la protección de la infancia.