El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aplaudido la iniciativa presentada este lunes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta propuesta busca aumentar la financiación estatal del denominado nivel acordado, un avance que se considera esencial para lograr una mayor corresponsabilidad institucional en el sostenimiento del sistema de atención a la dependencia.
Financiación adicional para Castilla-La Mancha
La iniciativa, que aún debe completar su tramitación y obtener los respaldos parlamentarios necesarios, permitiría a Castilla-La Mancha recibir 47,1 millones de euros destinados a reforzar la financiación del sistema. Así lo ha comunicado la Junta en una nota de prensa.
Declaraciones de la consejera de Bienestar Social
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que este incremento es «un paso en la buena dirección», destacando que responde a una reivindicación que Castilla-La Mancha ha defendido durante muchos años. Además, recordó que el Gobierno regional lleva más de una década exigiendo una participación equilibrada del Estado en la financiación de la dependencia, mientras continúa reforzando el sistema con recursos propios para asegurar la atención a las personas dependientes.
Inversión en políticas de Bienestar Social
Desde 2015, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 9.500 millones de euros a políticas de Bienestar Social. En 2026, el presupuesto asignado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcanzará los 692 millones de euros, lo que representa un aumento del 86% respecto a 2015.
Atención a personas en situación de dependencia
En la actualidad, Castilla-La Mancha atiende a más de 82.000 personas en situación de dependencia, con un ritmo de 25 nuevas prestaciones y servicios activos cada día. Solo en los primeros seis meses del año, se han incorporado 4.500 nuevas prestaciones, alcanzando un total de 123.000 en toda la región. Además, el número de personas atendidas en residencias con financiación pública se ha duplicado desde 2015.
Durante la última década, más de 10.000 personas mayores o dependientes han accedido a plazas residenciales con financiación regional. Actualmente, aproximadamente el 80% de las plazas residenciales en Castilla-La Mancha cuentan con dicha financiación. Estos datos, según García Torijano, posicionan a la comunidad entre las que ofrecen mayor cobertura pública residencial y con uno de los sistemas de dependencia más robustos del país.
Retos y necesidades a futuro
A pesar de estos avances, la consejera ha subrayado la necesidad de seguir fortaleciendo la corresponsabilidad financiera entre el Estado y las comunidades autónomas para asegurar la sostenibilidad del sistema. «Es un momento muy significativo, con una aportación económica importante, aunque tenemos el reto de desconocer cómo evolucionarán las nuevas situaciones de dependencia en los próximos años», manifestó.
García Torijano destacó que Castilla-La Mancha ha soportado durante años el sistema con recursos propios para garantizar la atención a las personas y advirtió que este avance debe consolidarse con un modelo de financiación suficiente y estable. «Es fundamental que no se repitan las consecuencias de políticas anteriores que llevaron a recortes en la financiación de la dependencia», añadió.
Compromiso del Gobierno regional
La consejera también enfatizó que Castilla-La Mancha seguirá exigiendo al Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos económicos pendientes, argumentando que reconocer este avance es compatible con la defensa de los intereses de la región. «No podemos permitir que hoy tengamos financiación y mañana nos la retiren. Las prestaciones y los derechos deben ser permanentes, sin importar el color político del Gobierno en España», concluyó.
Finalmente, García Torijano reafirmó el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de seguir fortaleciendo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ampliando derechos y garantizando una atención pública de calidad para las personas mayores y aquellas en situación de dependencia.