PSOE y PP han votado este jueves en contra de la enmienda a la totalidad presentada por Vox al proyecto de carrera profesional sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La iniciativa plantea levantar la suspensión del reconocimiento de nuevos grados desde el 1 de enero de 2027.
El diputado de Vox Iván Sánchez ha reclamado que se abone de forma «inmediata y retroactiva» el derecho que, según ha defendido, los sanitarios esperan «desde hace 14 años». También ha cuestionado que la propuesta llegue sin memoria económica, con tramitación urgente y remita a un nuevo modelo que el Gobierno tendría 18 meses para aprobar.
La financiación enfrenta a Vox, PP y PSOE
Sánchez ha citado el dictamen del Consejo Consultivo y un informe de la AIReF entre los motivos para rechazar el proyecto. También ha planteado utilizar partidas que considera «gasto político superfluo», entre ellas los 207 millones de euros de la Agencia de Transformación Digital y los fondos del Consejo de Transparencia y de la Cámara de Cuentas.
El PP tampoco ha respaldado la enmienda de Vox, aunque su diputado Juan Antonio Moreno Moya ha criticado el alcance económico de la medida. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno, el coste asciende a 260 millones de euros, mientras que el presupuesto contempla 99 millones.
Moreno Moya ha anunciado que su grupo presentará enmiendas parciales para que la carrera profesional incluya a todos los trabajadores, en todos sus grados y con independencia de su relación laboral. El PP sostiene que quiere preservar la recuperación del sistema.
El Gobierno defiende la recuperación desde 2027
El portavoz socialista, Ángel Tomás Godoy, ha explicado que el proyecto permitirá reconocer de forma extraordinaria los años del periodo de suspensión conforme al pacto de 2026. La norma también contempla medidas para las plazas de difícil cobertura y encarga al Consejo de Gobierno la aprobación de un nuevo modelo en un plazo de 18 meses, con la posibilidad de incorporar un quinto grado.
Godoy ha vinculado la suspensión de la carrera, implantada en 2006 y 2007, con el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Frente a las críticas sobre la participación pública, ha señalado que el anteproyecto estuvo en el Portal de Transparencia entre el 24 de julio y el 3 de agosto y que se negoció con los representantes de los trabajadores.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha defendido que la ley sirve para levantar la suspensión y blindar la carrera como complemento retributivo. También ha asegurado que el informe de la AIReF no cuestiona los presupuestos y que el Consejo Consultivo no formuló ninguna observación esencial.