La situación del alquiler turístico en España ha tomado un giro significativo, con la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia a la cabeza de los 65.122 anuncios ilegales que han sido sancionados a Airbnb. Esta acción, que ha resultado en una multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo, se convierte en la segunda mayor sanción en la historia del organismo, debido a prácticas comerciales desleales como la promoción de alojamientos sin licencia o con números de registro falsos. Castilla-La Mancha, por su parte, reportó 1.261 anuncios ilegales, de los cuales 1.260 carecían de registro.

Distribución de los anuncios ilegales

De acuerdo con información proporcionada por Europa Press, cerca de un tercio de los anuncios ilegales se encuentran en la Comunitat Valenciana, que registra casi 22.000 publicaciones sin número de registro. En el listado siguen Canarias, con 12.486 anuncios, y Galicia, que contabiliza 6.897.

Excepciones en la normativa

Las sanciones por la falta de un número de registro están presentes en casi todas las comunidades autónomas, a excepción de Madrid, Andalucía y Extremadura. En estas regiones, la normativa autonómica no establece la obligación de incluir un número de registro, lo que ha llevado a que el número de pisos retirados sea considerablemente menor. En estos lugares, los casos de anuncios eliminados se limitan a aquellos con números de registro falsos.

Detalles sobre la sanción

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha impuesto una sanción de 64.055.311 euros a Airbnb por la publicación de 65.122 anuncios ilegales. Esta multa, que es la segunda más alta en la historia del Ministerio, se debe a infracciones graves por prácticas comerciales desleales y equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma debido a estas acciones.

Prácticas desleales detectadas

Las infracciones incluyeron la publicación de alojamientos sin el número de registro requerido, con 59.229 anuncios afectados, así como 5.769 casos de números de licencia falsos o incorrectos y publicidad engañosa al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión.

Comunidades autónomas más afectadas

La distribución de los anuncios ilegales muestra que las comunidades del arco mediterráneo y las insulares son las más perjudicadas. La Comunitat Valenciana encabeza la lista con 21.938 anuncios ilegales, de los cuales 21.807 fueron por la falta del número de registro. Canarias le sigue con 12.728 anuncios ilegales y Galicia con 6.956.

Registro de ilícitos en otras comunidades

Andalucía se destaca por concentrar el mayor número de infracciones relacionadas con números de registro falsos, sumando 3.352 casos, mientras que Madrid reportó 300. En la ciudad de Madrid, el Ministerio de Consumo identificó hasta 15.200 anuncios de pisos turísticos que no cumplían con la normativa municipal, aunque no pudieron ser eliminados debido a la competencia local.

Las Islas Baleares también presentan un número notable de infracciones, alcanzando los 4.305 anuncios ilegales. Otras comunidades que superan el millar de anuncios ilegales incluyen Murcia, Cantabria, Asturias y Cataluña.

Origen del conflicto con Airbnb

El enfrentamiento entre Airbnb y el Ministerio de Consumo comenzó en octubre de 2024, cuando se notificó a la plataforma sobre la existencia de publicidad ilícita en más de 65.000 pisos turísticos. Según Bustinduy, ante la inacción de la compañía, se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024. La multa se impone tras la negativa de Airbnb a retirar los anuncios después de ser advertida.

Esta sanción se convierte en la segunda más alta impuesta a una empresa privada, después de los 107 millones de euros impuestos a Ryanair. Airbnb ha manifestado que considera la multa «contraria al marco legal español y europeo», y recuerda que la obligación de las plataformas es garantizar la visibilidad del número de registro en los anuncios.