La Asociación del Taxi de Castilla-La Mancha prepara una demanda contra Bolt por realizar desplazamientos urbanos en Toledo, según ha avanzado el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga. El documento ya está en manos de los abogados de la asociación regional.
Madruga ha explicado que el colectivo lleva un año trabajando en esta iniciativa, dirigida contra la empresa que, a su juicio, estaría incumpliendo la normativa sobre el transporte urbano de vehículos de transporte con conductor (VTC).
Bolt en Toledo, en el centro de la disputa sobre las VTC
El responsable de Fedeto ha defendido que el artículo 91 de la Ley de Transportes Terrestre reserva a las VTC el transporte interurbano, salvo que exista una autorización autonómica para operar dentro de las ciudades. Por eso, ha acusado a Bolt de un «incumplimiento flagrante de la ley».
La asociación del taxi sostiene que Bolt es, de momento, la única empresa a la que atribuye esta conducta en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. Madruga también ha citado una sentencia dictada en Navarra que, según ha señalado, establece que Bolt y otras plataformas similares no pueden realizar trayectos dentro de una ciudad.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha respaldado esa interpretación. «Bolt puede perfectamente realizar tareas entre municipios, pero no dentro de los municipios», ha afirmado, al tiempo que ha considerado que la reivindicación del sector cuenta con el respaldo de la resolución judicial.
El Ayuntamiento prepara sanciones de la Policía Local
El Ayuntamiento de Toledo está elaborando un decreto para que la Policía Local pueda sancionar a estos vehículos. Madruga considera que esa medida permitiría actuar desde dos administraciones.
Por un lado, el Gobierno regional tramitaría las sanciones relacionadas con la actividad general de transporte. Por otro, el Ayuntamiento actuaría sobre los desplazamientos urbanos.
Hernando ha advertido de que la reincidencia podría llevar a retirar a los vehículos la habilitación de honorabilidad que les permite circular. Según ha explicado, esa retirada impediría contratar servicios en el conjunto de España, incluida Castilla-La Mancha.