La Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha prevé abordar el próximo miércoles, 14 de octubre, el debate de 121 enmiendas de vivienda y simplificación urbanística. El PSOE ha registrado 13 propuestas, el PP 58 y Vox otras 50, según fuentes parlamentarias.
La Mesa de las Cortes admitió finalmente a trámite las iniciativas del PP después de que el Consejo de Gobierno analizara 26 de ellas por si podían tener efectos presupuestarios. El Ejecutivo regional no planteó objeciones a su debate en comisión.
Las enmiendas de vivienda de Vox y el PP
Vox plantea que el Registro de Demandantes de Vivienda tenga en cuenta el arraigo acreditado mediante el empadronamiento histórico. Su propuesta fija cinco años de residencia registrada en España para optar a una vivienda de alquiler y diez para acceder a una en propiedad.
El grupo también reclama planes periódicos de inspección del patrimonio residencial público y medidas de información y asesoramiento jurídico para los propietarios afectados por ocupaciones ilegales.
Las iniciativas del PP inciden en la adjudicación del parque público mediante convocatorias abiertas, con criterios previamente publicados. Entre los factores de valoración figuran los ingresos, la composición de la unidad de convivencia, la necesidad de vivienda y la adecuación del inmueble disponible.
El grupo propone reservar las adjudicaciones fuera del procedimiento ordinario para situaciones de urgencia social acreditadas por los servicios sociales. También plantea aumentar hasta un 20% la edificabilidad y hasta un 30% la densidad residencial en determinadas parcelas destinadas a vivienda protegida, con porcentajes superiores si existe un informe municipal favorable y vinculante.
La propuesta del PSOE sobre costes y asistencia técnica
El PSOE plantea que los promotores asuman las obras y los costes de las infraestructuras y dotaciones públicas exteriores que sean necesarias cuando aumenten la edificabilidad o la densidad de las parcelas destinadas a vivienda protegida.
Sus enmiendas también permiten que entidades privadas integradas en el sector público regional presten asistencia técnica en urbanismo y planificación territorial. Las condiciones, el régimen económico y las garantías de independencia se concretarían posteriormente mediante desarrollo reglamentario.