La huelga general por la vivienda se celebrará el próximo 11 de noviembre, según ha confirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. CCOO y UGT han acordado esa fecha, aunque todavía deben formalizar el pacto con el Sindicato de Inquilinas y las demás organizaciones que pretenden sumarse.
La decisión se concretará en una reunión prevista para este miércoles por la tarde. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) también llevaba el 11 de noviembre como propuesta para ese encuentro.
Una protesta de 24 horas por los salarios y el alquiler
Los sindicatos mayoritarios anunciaron la convocatoria el lunes como una jornada de paro de 24 horas. Sus reivindicaciones combinan la defensa de salarios dignos con la exigencia de garantizar el acceso a una vivienda digna.
El movimiento llega después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los reales decretos-leyes sobre vivienda. El Consejo de Ministros volvió a aprobarlos ayer con modificaciones, mientras que la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre dejan su convalidación en manos de la Diputación Permanente. Según el texto, todo apunta a que sólo uno de los dos saldrá adelante.
Para Álvarez, el coste de la vivienda está anulando las mejoras salariales pactadas en los convenios. El dirigente de UGT sostiene que la movilización debe reclamar responsabilidades a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, como administraciones competentes, y también al Gobierno central por su capacidad legislativa.
Críticas de la patronal y rechazo de CSIF
La convocatoria será la primera huelga general de CCOO y UGT desde 2012 y también la primera durante la etapa de Pedro Sánchez. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado que responda a motivos laborales y ha planteado que podría ser ilegal.
CSIF ya ha avanzado que no secundará el paro, al considerar que contiene «indicaciones políticas», según recoge el teletipo. Frente a las críticas empresariales, Álvarez ha defendido que «la huelga es absolutamente constitucional» y ha recordado que en España no se ha declarado ilegal ninguna huelga, pese a la existencia de muchas convocatorias anteriores.
El secretario general de UGT también ha pedido que los empresarios se incorporen a la movilización. Entre sus demandas figura que los fondos buitre abandonen la especulación inmobiliaria y que los alquileres no puedan aumentar, al menos a corto y medio plazo, hasta niveles inaccesibles para los inquilinos.