La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobará antes de finalizar el año la Oferta de Empleo Público de 2026, que reservará plazas para personas con discapacidad intelectual en Educación, Sanidad y también para personal funcionario y laboral. El anuncio lo ha realizado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
En la Administración General se convocarán 44 plazas reservadas a este colectivo, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2025 y 2026. Esta cifra se suma a las 46 plazas de las convocatorias de 2023 y 2024, que ya han sido adjudicadas.
183 empleados públicos con discapacidad intelectual
Ruiz Molina ha explicado que, tras la modificación de la Ley de Empleo y la celebración de procesos selectivos independientes y con temarios adaptados, la Administración regional cuenta ahora con 183 empleados públicos con discapacidad intelectual.
El consejero ha dado a conocer estos datos durante la entrega de diplomas a ocho jóvenes que han completado la última edición del programa de digitalización y gestión documental desarrollado en el Archivo Regional junto al Tercer Sector.
La iniciativa combina formación y empleo. Sus participantes completan nueve meses de preparación teórico-práctica, con más de 800 horas, y después trabajan durante tres meses con la Fundación CIEES en tareas de digitalización del Archivo Regional.
Más de 40 participantes han accedido al mercado laboral
Desde su puesta en marcha, hace 13 años, el programa ha permitido que más de 40 participantes accedan a empleos relacionados con el área de Administración y Gestión. Ruiz Molina ha definido la preparación como «exigente» y ha defendido que ofrece una base para competir con garantías en el mercado laboral.
El proyecto tiene también una vertiente ligada a la conservación documental. Durante este tiempo se han digitalizado 1,2 millones de imágenes del Archivo Regional, que el Gobierno autonómico identifica como el segundo archivo administrativo más grande de España, por detrás del de Madrid.
La política de inclusión laboral de la Junta contempla, asimismo, reservar cada año el 10% del importe de la contratación pública a centros especiales de empleo y empresas de inserción. El Gobierno regional también mantiene procesos selectivos específicos y adaptados para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Administración.
El consejero ha citado además el convenio con la Fundación CIEES para crear unidades de apoyo en cada provincia. Estos equipos ofrecen «respaldo y tutelaje» a los trabajadores durante su trayectoria profesional.
En el acto participaron el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina. Ambos destacaron la colaboración institucional y empresarial como vía para ampliar las oportunidades de empleo y la autonomía de los jóvenes participantes.