El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. El texto salió adelante con los votos favorables del Grupo Parlamentario Socialista, la abstención del Partido Popular y el voto contrario de Vox.

El consejero de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Molina, defendió el proyecto ante la Cámara antes de la votación. La norma pretende actualizar la regulación del ocio, adaptar sus previsiones a los cambios sociales y concretar las condiciones de acceso de los menores a determinados establecimientos cuando haya conciertos o actuaciones en directo.

La ley de espectáculos públicos amplía la regulación vigente

Entre los cambios señalados durante el debate figuran nuevas causas para prohibir o suspender eventos, relacionadas con la protección ambiental y de la infancia. También se modifican los horarios de los espectáculos y se plantea una tramitación más sencilla, junto con una mayor coordinación entre la Administración regional y los ayuntamientos.

La diputada socialista Silvia Fernández, ponente del dictamen, explicó que el proyecto sustituye la normativa aprobada en 2011 y presta una atención especial a las actividades que se celebran en espacios abiertos. El nuevo texto reúne seis títulos y 74 artículos, además de anexos y disposiciones, frente a los 56 artículos de la regulación anterior.

Ruiz Molina detalló que el Partido Popular presentó 48 enmiendas, de las que 27 fueron aceptadas y 14 rechazadas por razones técnico-jurídicas. En el caso de Vox, se incorporaron tres de sus 24 propuestas.

Vox y PP mantienen sus reparos al proyecto

Francisco Cobo defendió en nombre de Vox el voto particular sobre 21 enmiendas y reclamó menos cargas administrativas sin eliminar garantías. Durante su intervención aludió a las fiestas rave en espacios naturales, a la seguridad de los asistentes y a la necesidad de facilitar la celebración de actos en municipios pequeños.

El diputado también rechazó la limitación de la presencia de menores en espectáculos taurinos que, a su juicio, contempla el proyecto.

Por el PP, Santiago Serrano anunció la abstención de su grupo y mantuvo 19 de las 48 enmiendas registradas inicialmente. Justificó la decisión por las dudas sobre el contenido de la norma, sus efectos en el territorio y la falta de una consulta más amplia a los municipios de Castilla-La Mancha.