La diputada socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez ha reclamado este viernes en Toledo que la comunidad autónoma rechace el modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La parlamentaria sostiene que la propuesta no asegura la prestación de los servicios públicos ni la igualdad entre los ciudadanos de España.

Jiménez ha trasladado esta posición durante una rueda de prensa celebrada en la sede regional del PSOE. Según ha defendido, el Ejecutivo autonómico debe mantener una postura firme para reclamar un reparto que tenga en cuenta las particularidades de Castilla-La Mancha.

La financiación autonómica Castilla-La Mancha, ante el Consejo Fiscal

La diputada ha resumido la posición socialista con una petición expresa: «no a este modelo de financiación», porque «no garantiza nuestros servicios públicos y tampoco garantiza la igualdad entre todos los españoles», según sus palabras. El rechazo, ha explicado, coincide con la postura que ha mantenido el presidente regional, Emiliano García-Page.

La parlamentaria ha asegurado que García-Page es quien defiende los intereses autonómicos «por encima de cualquier otra cosa» y de cualquier sigla política. Jiménez ha presentado esa defensa como la razón para sostener la oposición al modelo en el órgano de coordinación fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas.

La dispersión geográfica, una de las claves del reparto

El argumento central de la socialista se apoya en las características territoriales de la región. Castilla-La Mancha necesita, a su juicio, un sistema que permita garantizar servicios públicos de calidad «en cualquier rincón de la región, por muy pequeño que sea el municipio».

Jiménez ha señalado especialmente la dispersión geográfica de la población. Esa circunstancia encarece, según ha detallado, la prestación adecuada de los servicios, así como los costes relacionados con el personal y las infraestructuras.

Durante su intervención también ha cuestionado la posición que, en su opinión, mantendría Alberto Núñez Feijóo si presidiera el Gobierno de España. Ha sostenido que «el señor Núñez jamás se enfrentaría a Génova ni siquiera por defender los intereses de Castilla-La Mancha» y ha vinculado esa afirmación con sus antecedentes sobre el trasvase Tajo-Segura, el cementerio nuclear y una propuesta de privatización del hospital de Almansa cuando era alcalde de esa localidad.