El Pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado el inicio de la licitación del contrato que permitirá conservar, mantener y mejorar las carreteras de Toledo durante los próximos veinte años. La actuación alcanza una inversión de 225,67 millones de euros y afecta a 957 kilómetros repartidos entre 116 carreteras y cinco caminos vecinales.
La decisión salió adelante por unanimidad de los tres grupos políticos. La corporación también autorizó los límites de financiación plurianual necesarios para poner en marcha el expediente.
Una concesión dividida en tres zonas de la provincia
El contrato se organizará en tres lotes geográficos. La primera zona corresponde a la comarca de Talavera y suma 414,255 kilómetros; la segunda incluye La Sagra y Ocaña, con 232,895 kilómetros; mientras que la tercera se sitúa en la comarca de Toledo y reúne 309,862 kilómetros.
El concesionario tendrá que financiar los proyectos y las obras previstas, además de asumir la conservación, el mantenimiento y la explotación de las vías. La retribución quedará ligada al cumplimiento de determinados índices de calidad.
El acuerdo contempla ocho años para ejecutar las inversiones. Los anteproyectos de construcción y explotación de las tres zonas, que fijan las primeras actuaciones y las condiciones de conservación, ya habían recibido la aprobación definitiva del Pleno en noviembre de 2025.
La Diputación vincula el mantenimiento a indicadores de calidad
La portavoz provincial, Soledad de Frutos, ha defendido que el modelo permitirá planificar durante veinte años la modernización de la red y mejorar la seguridad y la movilidad. “permite planificar durante 20 años la conservación y modernización de toda la red provincial, con una inversión superior a 225 millones de euros y con el objetivo fundamental de tener carreteras más seguras, mejor conservadas y que garanticen la movilidad y la cohesión territorial”, ha señalado.
La fórmula incorpora financiación privada para evitar un endeudamiento que la Diputación considera inasumible, aunque la institución mantendrá el control sobre el servicio. “La conservación, el mantenimiento y la explotación estarán vinculados al cumplimiento de índices de calidad, porque no solo queremos invertir en nuestras carreteras, sino garantizar también que el servicio que se presta sea de calidad y esté sometido al control de la Diputación”, ha añadido la portavoz.
Nuevo órgano provincial para las personas mayores
El Pleno aprobó igualmente, por unanimidad, la ordenanza reguladora del Consejo Provincial de Personas Mayores de la provincia de Toledo. Será un órgano consultivo y participativo destinado a incorporar a este colectivo a la planificación, desarrollo y evaluación de los servicios y programas que le afectan.
El Consejo contará con asociaciones y federaciones de personas mayores, entidades sin ánimo de lucro, representantes de los grupos políticos y personal técnico de la Diputación. También podrá recurrir a expertos cuando sea necesario. Sus asuntos incluirán la salud, el transporte, el envejecimiento activo y el asociacionismo.
“No queremos que las políticas dirigidas a las personas mayores se diseñen sin contar con ellas. Este Consejo va a permitir que tengan una participación real y directa en aquellas decisiones y programas que les afectan”, ha afirmado Soledad de Frutos.
Durante la sesión, la Diputación dio cuenta de una Cuenta General de 2025 con 160,1 millones de euros en fondos líquidos y un resultado económico-patrimonial positivo de 46,35 millones. El informe del segundo trimestre de 2026 confirmó también el cumplimiento de las reglas fiscales.