La plataforma regional STOP Biometano CLM ha trasladado más de 5.400 alegaciones contra el decreto de Castilla-La Mancha que regula las condiciones para convertir residuos orgánicos en biometano. Entre las tres plantas activas que identifica el colectivo figura la de Noez-Casas Buenas, en Toledo, junto a otras situadas en Albacete y Cuenca.
El colectivo, que agrupa hasta la fecha a 46 organizaciones, reclama que la norma quede anulada. Sus responsables sostienen que el texto ampara un modelo agroenergético especulativo y anuncian que podrían acudir a los tribunales si el Gobierno regional mantiene su posición.
Las plantas de biometano que ya funcionan en Castilla-La Mancha
Durante una rueda de prensa, representantes de STOP Biometano CLM y de Verdes-Equo CLM señalaron que alrededor de un centenar de instalaciones se encuentran en proceso de implantación. Tres ya están activas: una en Balsa de Ves, otra en Noez-Casas Buenas y una tercera en Belinchón.
Las alegaciones cuestionan los posibles efectos de estas plantas sobre el territorio. Los colectivos mencionan riesgos para la flora, la fauna y el paisaje, además de calificar las instalaciones de contaminantes, malolientes y nocivas. También denuncian que se pretenden colocar contra la voluntad de los pueblos.
Petición de reuniones con el Gobierno regional
La plataforma ha solicitado un encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para exponerle su rechazo al decreto y a la expansión de estas instalaciones. A la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, le pide una interlocución más frecuente con las organizaciones críticas.
Según los representantes de la plataforma, Gómez está manteniendo más reuniones con empresas gasísticas y constructoras que con los colectivos afectados. El movimiento reclama que el decreto se revise antes de que continúe su aplicación.
Doce alternativas para tratar los residuos
Rafael Ruiz, portavoz de la Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Torralba de Calatrava, defendió que la norma contiene elementos que generan inseguridad jurídica. «El decreto tiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica y por tanto podrían ser motivo de nulidad», manifestó.
Ruiz también describió estas instalaciones como «un desafío gravísimo para nuestra tierra» y expresó el rechazo de su organización tanto a las plantas como al decreto en los términos actuales. La plataforma asegura que trabaja en doce métodos alternativos para eliminar los residuos orgánicos.