Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Illescas, en la provincia de Toledo, han iniciado una investigación en torno al propietario de una empresa de construcción, debido a su supuesta implicación en la gestión irregular de residuos que contienen amianto.
Inicio de la investigación
La pesquisa se puso en marcha tras recibir una denuncia sobre una nave industrial ubicada en la zona norte de la comarca de La Sagra, donde se encontraron almacenadas de manera irregular más de 50 toneladas de residuos peligrosos que contenían amianto (uralita), según ha informado la Benemérita en un comunicado de prensa.
Actividades de la empresa implicada
Las primeras indagaciones revelaron que la empresa estaba llevando a cabo trabajos de desmontaje de materiales con amianto en diversas estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares en varias provincias, incluyendo Alicante, Barcelona, Ciudad Real, La Coruña, Madrid, Murcia y Toledo. Como resultado de estas actividades, se habrían manipulado de manera irregular más de 750 toneladas de residuos que contenían amianto.
Riesgos para la salud y el medio ambiente
Los residuos en cuestión no habrían sido retirados conforme a los procedimientos legales establecidos, que estipulan el humedecimiento y el encapsulado de las placas para evitar la liberación de fibras durante los trabajos de desmontaje. Esta falta de cumplimiento habría incrementado el riesgo de emisión de fibras de asbesto al ambiente, poniendo en peligro tanto la salud de las personas como la del medio ambiente.
Condiciones de trabajo inseguras
Durante la investigación, se constató que seis trabajadores accedían regularmente al almacén clandestino, expuestos de forma continua a las fibras cancerígenas del amianto, sin contar con las medidas de protección y seguridad que la ley exige.
Irregularidades detectadas
Los agentes identificaron varias irregularidades en las operaciones de la empresa, incluyendo el envío a la Administración de mediciones fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar diferente al de las actividades de desmontaje, así como la facturación de conceptos que no existían. También se comprobó que la documentación relacionada con el destino final de los residuos había sido alterada para reflejar su entrega en vertederos autorizados, cuando en realidad estos habían sido abandonados en la nave industrial objeto de la investigación.
Consecuencias legales para el propietario
Por todas estas irregularidades, los agentes han decidido investigar al propietario de la empresa como presunto responsable de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por violaciones de los derechos de los trabajadores, delitos contra el patrimonio y falsedad documental.