La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha ha alzado la voz contra el Gobierno regional, acusándolo de «mantener bloqueado» el acceso a este servicio en la sanidad pública. Compuesta por diversos colectivos, tales como Ágora Feminista de Albacete, Amnistía Internacional, Colectivo Sin Fronteras, Comisiones Obreras, CGT Alcázar, Feministas de Pueblo y Plataforma 8M de Toledo, la agrupación exige acciones concretas para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Denuncias de falta de transparencia
En un comunicado, las organizaciones expresan su preocupación por la «falta de transparencia» que muestra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Critican el plan anunciado por el gobierno regional como «insuficiente» para implementar la IVE en hospitales públicos. En una carta dirigida al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, han solicitado respuestas claras sobre la situación actual de este derecho en la región y un calendario para su efectiva prestación.
Petición de información sobre la IVE
Más de 25 colectivos sociales han manifestado su descontento tras recibir una respuesta que consideran «incompleta e insuficiente» a su reciente solicitud de acceso a información pública sobre la IVE. Las entidades demandan datos fundamentales que permitan conocer la situación real de este derecho sanitario, tales como el número de objetores de conciencia, las derivaciones fuera de la comunidad autónoma, los recursos disponibles en la red pública y las medidas específicas para implantar la IVE en hospitales y centros de salud.
Acceso nulo a la interrupción voluntaria del embarazo
La plataforma también señala que actualmente ninguna mujer puede acceder a una IVE en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha. Aseguran que esta situación es «incompatible» con la legislación estatal, que obliga a garantizar este servicio dentro del sistema sanitario público. Además, contrastan esta realidad con otras comunidades autónomas donde la mayoría de las interrupciones se realizan en centros públicos, como Cantabria (88,49%), Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%) y Navarra (74,82%).
Críticas a los anuncios del Gobierno regional
Los colectivos consideran que los anuncios realizados por el Gobierno regional son «claramente insuficientes» y carecen de garantías de ejecución. Cuestionan la propuesta de habilitar un único centro de referencia para toda la comunidad, argumentando que esta medida no resolvería los problemas de accesibilidad que enfrentan las mujeres en un territorio extenso y disperso. Concentrar toda la actividad en un solo hospital obligaría a muchas a recorrer largas distancias y convertiría a ese centro en un objetivo para grupos antielección, quienes ya hostigan a pacientes y profesionales en centros privados donde se realizan intervenciones.
Requisitos para una atención integral
Las organizaciones instan al Ejecutivo autonómico a concretar los plazos, recursos y planificación necesarios, ya que hablar de «meses o años» sin detalles no resulta aceptable. Argumentan que no hay justificación para limitar la prestación a un único punto, y abogan por integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, al igual que se hace con otras prestaciones sanitarias. También reclaman la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.
Testimonios de profesionales sanitarios
Finalmente, la plataforma destaca que las declaraciones recientes de profesionales del Sescam contradicen uno de los argumentos más utilizados por la Administración regional: la supuesta falta de personal para realizar abortos en hospitales públicos. Testimonios indican que existen médicos y médicas dispuestos a llevar a cabo estas interrupciones, aunque denuncian obstáculos que impiden su práctica.