El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido atender la solicitud de reunión del Ministerio de Hacienda para discutir la financiación autonómica. Sin embargo, ha enfatizado la necesidad de recibir previamente el documento específico que propone la cartera liderada por Arcadi España.
Reunión con el Ministerio de Hacienda
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero del Gobierno regional, ha confirmado durante una rueda de prensa que asistirán a la reunión. Esto se produce tras la carta enviada por el Ministerio de Hacienda a todas las comunidades de régimen común, en la que se invita a iniciar de manera «inmediata» una serie de encuentros bilaterales con el objetivo de reformar la financiación autonómica.
Solicitud de información específica
Antes del encuentro, Castilla-La Mancha exigirá que se les proporcione información detallada sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda. Guijarro ha subrayado que «no puede ser que vayamos a una reunión con informaciones que se han publicado en los medios de comunicación», añadiendo que desean un planteamiento concreto y datos directos desde el ministerio.
Demandas de Castilla-La Mancha
Entre las principales demandas que presentará Castilla-La Mancha se encuentra la «igualdad en la financiación», enfatizando que «no puede suponer ningún privilegio para ningún territorio». Además, se abordará la necesidad de considerar la población ajustada y el coste efectivo de los servicios prestados en cada región, «sin importar sus circunstancias».
Coste de servicios en zonas despobladas
Guijarro ha destacado que es fundamental tener en cuenta el mantenimiento de los servicios en las áreas afectadas por despoblación, donde el coste de prestación es significativamente mayor que en las zonas urbanas. «Ese sobrecoste de los servicios básicos esenciales en las zonas rurales tiene que ser financiado por el sistema», ha afirmado.
Propuesta de un órgano multilateral
El vicepresidente regional ha sugerido que el proceso de decisión sobre financiación debería haberse iniciado de manera más inclusiva, convocando a todas las comunidades autónomas para exponer el planteamiento y permitir que cada una comparta su posición con el Ministerio. Según Guijarro, la decisión debe tomarse «en un órgano multilateral», es decir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y luego ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Para ello, considera «imprescindible» que se reciba la propuesta de cada comunidad autónoma.