El próximo miércoles 15 de abril, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio contra L.A.C.P., quien enfrenta cargos por un delito de tenencia y venta de drogas.
Detalles del caso
Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado ya fue condenado en mayo de 2022 por un delito contra la salud pública, recibiendo una pena de seis meses de prisión y una multa de 1.500 euros.
Incidente en Cobisa
Los hechos que motivan este nuevo juicio ocurrieron a las 00:00 horas del 19 de febrero de 2023, cuando L.A.C.P. fue sometido a un cacheo superficial por agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones de la gasolinera Navamuel, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera TO-3100, en la localidad de Cobisa. Este control se llevó a cabo tras su implicación en una colisión entre vehículos.
Prueba de la tenencia de drogas
Durante el cacheo, los agentes encontraron en el interior de su calzoncillo una bolsa que contenía varias «piedras» compactas de color blanco. Tras el análisis pertinente, se confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 15,41 gramos y un porcentaje de pureza del 83,25%.
Valor y repercusiones legales
La Fiscalía sostiene que esta droga estaba destinada al consumo ilegal por parte de terceros a través de su venta. Según las tarifas oficiales, el valor del gramo de cocaína en el mercado ilícito podría alcanzar hasta 60 euros, aunque este precio puede variar en el mercado clandestino.
Consecuencias para el acusado
Los hechos expuestos son considerados por la Fiscalía como constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tal como se establece en el artículo 368 del Código Penal. Por este motivo, se solicita una pena de cinco años de prisión para el acusado, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 3.000 euros. En caso de impago de la multa, se prevé una responsabilidad personal subsidiaria de 30 días de privación de libertad.